La víctima de los abusos sexuales del exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Mónica Oltra ha declarado ante el juez que tardó un tiempo en denunciar porque tenía "miedo", ya que sabía que el educador "estaba con alguien importante" --en referencia a su entonces mujer-- y temía que no le creyeran, según han apuntado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

La joven --menor tutelada en el momento de los hechos-- se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, órgano que investiga un presunto encubrimiento por parte de la Conselleria y la apertura de una investigación paralela a la judicial de los abusos sexuales a la víctima por parte del exmarido de Oltra, un educador.

La joven ha explicado durante su declaración los abusos que sufrió aunque ha afirmado que no recordaba muchas cosas porque había intentado "olvidar todo eso", ha dicho, sobretodo en relación con las preguntas formuladas relacionadas con las visitas a los psicólogos. En relación con este tema ha señalado que pensaba que con todos los expertos con los que hablaba eran de la Conselleria, entidad que ha asegurado que no le había ayudado con los hechos sufridos.

Ha indicado que tardó tiempo en denunciar los hechos por "miedo" porque el educador era "alguien importante" y, además, tenía miedo a que no le creyeran.

Durante su declaración, además, preguntada por si conocía a Gobierna-TE, la asociación presidida por la exidirigente de Vox Cristina Seguí, que ejerce de acusación popular en el caso, ha dicho que a la entidad no pero a Seguí, sí. Ha afirmado que había hablado varias veces con ella y que le prometió un piso y trabajo en Madrid. "Me dijo que me ayudaría", ha señalado, pero ha matizado que no le pidió nada a cambio.

Además, ha afirmado, preguntada por el motivo por el que retuiteó desde su cuenta personal mensajes en los que se indicaba que le habían utilizado para hacer caer a Mónica Oltra, que le hackeó la cuenta su expareja.

Su abogado, Manuel Salazar, ha declarado a los medios de comunicación que esperaban en la puerta de los juzgados que su representada tuvo poca intervención en los hechos investigados puesto que no se valora si hubo o no abusos, sino la actuación 'a posterioi' parte de la Conselleria. "Sobre lo que ella, lógicamente, poco conocimiento podía tener", ha apostillado.

Además, ha dicho que su clienta "no se sintió apoyada, para nada. En absoluto, todo lo contrario". "Se ha sentido desprotegida --ha añadido-- incluso después de conocerse la existencia de esos presuntos abusos, que hoy ya no son presuntos. No se sintió apoyada y tuvo que convivir en el mismo centro con el educador, con su abusador, durante varios meses. Después, ya cambiaron a ella de centro, no al educador", ha lamentado.

Y ha apostillado: "No ha recibido ni una sola ayuda de la Conselleria. No solo eso, sino que tenía un trabajo en el Hospital de Torrevieja que cuando pasó de Ribera Salud a manos de la Conselleria, le desapareció porque la Conselleria subrogó a todo el personal menos a ella y a su novio". "Fue discriminada por haber presentado la querella que da lugar a este procedimiento", ha criticado.

Por su parte, Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox, ha señalado tras la declaración: "Lo que hemos presenciado hoy en Sala, la verdad, es que ha sido un momento muy duro para la víctima. Han tratado de desacreditarla como estrategia procesal y lo cierto es que hay un abrumadora prueba documental sobre la actuación de la Conselleria en relación a la protección de los menores que están bajo su tutela".

Castro ha añadido que hay pruebas pendientes de practicar y, a su juicio, "debe continuar la instrucción para la correcta valoración de la ingente documentación que acredita la comisión de los delitos", ha insistido.

El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por los abusos, condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por el Tribunal Supremo.

Por su parte, Oltra, que dimitió a raíz de su imputación en este procedimiento, siempre ha negado que ordenara abrir esa investigación paralela a la judicial y ha afirmado que se enteró de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, con lo que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su departamento desde el mes de febrero anterior, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos.