La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probado que el PP de la ciudad de València "cometió fraude electoral" en las elecciones municipales de 2007 y 2011, porque "incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular" y ha comparado su funcionamiento con "la cueva de Alí Babá".
El fiscal Fernando Maldonado ha leído este lunes su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia tras escuchar a los procesados y los testigos de la pieza A del caso Imelsa, en la que están procesados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; la ex secretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.
Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental, Fuster de un delito continuado de cohecho -por el que se le pide un año de prisión- y Santón y Salinas de malversación continuada y falsedad.
Maldonado ha subrayado que "cualquier acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, porque es una quiebra de la sociedad, de sus instituciones democráticas. Y cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la limpieza y la transparencia, y cometen fraude electoral, el reproche es mayor".
"En la elecciones de 2007 y 2011 el PP puso en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de otros partidos, pero partía con ventaja económica. Para conocer esta operativa es necesario establecer cierto contexto. No es posible que el grupo municipal manejase dinero en efectivo, era la gerencia nacional la que asignaba los límites, el presupuesto del partido en València. Y esa cifra fue de 133.000 euros para las elecciones de 2007 y de 150.000 en 2011; pero el dinero se multiplicó exponencialmente", ha subrayado el fiscal.
Así, ha indicado que el grupo municipal "era titular de dos cuentas corrientes; una lícita en la que ingresaba las subvenciones y otra donde la secretaria, que cobraba como asesora, ingresaba las comisiones, las pequeñas corruptelas. Era como la cueva de Alí Babá, pues esa cuenta no se sometía a más control que la voluntad de García Fuster".
"En este contexto -ha continuado el fiscal- aparece el hombre fuerte del PP local, que era Alfonso Grau, que acumulaba cargos, era portavoz municipal y presidía fundaciones y otras sociedades públicas".´
Anticorrupción ha detallado que Grau suscribió (sin firmar) en 2007 un contrato con Laterne que contemplaba acciones de campaña por 150.000 euros, pero "realmente esa campaña costó más de 2,5 millones de euros". "Esa diferencia no la aportó el PP, porque hemos examinado sus cuentas, como tampoco lo hizo Laterne".
"Hay que tirar del hilo y ver cómo Laterne pagó a sus proveedores, y fue en primer lugar a través de entidades y fundaciones creadas por el Ayuntamiento. Laterne, una empresa no muy conocida en València, recibió contratos altísimos para realizar planes de modernización o turísticos" que, según sostienen las acusaciones, no se tradujeron en trabajo alguno.
Por otra parte, varias firmas adjudicatarias de obras y servicios del Consistorio ingresaron fondos en las cuentas de Laterne por trabajos que no han podido acreditar. "Es un dato objetivo que ninguna de estas empresas aportó una sola justificación o factura".
"Todos los ingresos que recibió Laterne de estas empresas se realizaron en campaña electoral. Ni antes ni después Laterne tuvo relación empresarial con firmas como Lubasa, Secopsa, Agricultores de la Vega... y en todos los casos sus ingresos a Laterne fueron cantidades redondas, que parece que obedecen más a una donación que al pago de servicios reales", ha agregado el fiscal.
A su juicio, "la piedra angular de este entramado son Grau y Fuster".
El fiscal ha criticado duramente la declaración -como testigo- del exempleado de Laterne y exasesor de Grau, Jesús Gordillo. "No nos creemos ni las presiones ni las amenazas de las que habló".
Igualmente, ha cuestionado que García Fuster se inventase la figura del "recaudador" del partido, cuando declaró en fase de instrucción, para proteger a los donantes del partido, como dijo en la sala.
"Dijo que había una donante generosa, ya fallecida, que entregó 100.000 euros al grupo municipal. Pero con esa cantidad el PP no tenía ni para aperitivos, pues un acto de presentación de candidatos con el presidente del partido (Mariano Rajoy) eran ya más de 200.000 euros", ha agregado Maldonado en referencia a un acto celebrado en el Palau de la Música en 2007.
Igualmente, y ya en referencia a 2011, ha señalado que la empresa de comunicación Trasgos no ha aportado ninguna prueba de los supuestos trabajos realizados para firmas adjudicatarias (de nuevo ha citado a Secopsa, Lubasa o Agricultores de la Vega, entre otras) y que los trabajadores de la Fundación Turismo Valencia jamás oyeron hablar de firmas como Laterne.
"No han traído las defensas ni un solo testigo que acredite los trabajos realizados" por ambas firmas de comunicación para las fundaciones públicas.
Por último, el fiscal ha dejado a consideración del tribunal si el delito de cohecho del que se acusa a García Fuster pudiese estar prescrito. "Si consideramos que la cuenta del PP -la legal- no forma parte de actos delictivos es posible que hayan prescrito los hechos".
En la sesión de este lunes únicamente ha intervenido una defensa, la de García Fuster, que a través de su letrado, José María Corbín, quien ha defendido: "García Fuster acumulaba, guardaba donativos, desde 2010 y disponía de los mismos con ingresos en cuenta o pagos en efectivo. Algo lógico, razonable y coherente. El fiscal dice que el dinero procedía de comisiones, pero no ha identificado a los comisionistas, ni ha detallado en qué momento se produjo ese cobro"
