Las investigaciones policiales en el marco del caso Azud amplían su cerco en torno al abogado y excuñado de Rita Barberá, José María Corbín, considerado uno de los cabecillas en la supuesta trama dedicada al cobro de comisiones ilícitas, al indagar también sobre su papel en la adjudicación de la planta de residuos de Quart de Poblet.

Estas instalaciones, que tratan los residuos procedentes de toda el área metropolitana de València, fueron construidas por una Unión Temporal de Empresas (UTE Los Hornillos) integrada por Sacyr, Cyes y Corporación Túria.

La investigación del caso Azud ha constatado que todas estas firmas realizaron pagos al despacho de abogados de Corbín por un importe total de 261.000 euros bajo la apariencia de servicios jurídicos, si bien la Guardia Civil cree que los pagos podrían responder a operativas de mordidas similares a las de otros contratos públicos en los que medió este letrado.

En relación a este asunto la UCO ha citado a varios testigos en los últimos meses, uno de ellos un responsable jurídico de la empresa Cyes que recibió facturas de Corbín por labores de asesoramiento jurídico.

En su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, este empleado preguntó a sus superiores si debía pagarlas y le dijeron que sí, que "los pagos atendían un compromiso por el incumplimiento de un contrato con la UTE", pero que en realidad "nunca ha visto ni recibido ningún informe jurídico o asesoramiento, aunque fuese verbal", por parte del despacho de Corbín, que ni siquiera conocía.

Otro de los testigos entrevistados por la Guardia Civil fue un ingeniero que ejerció las labores de gerencia de Los Hornillos. Este hombre explicó a los agentes que esta UTE "no tenía unas necesidades jurídicas especiales, y que las que tenía las podían solventar los servicios jurídicos de las propias empresas".

Concretamente, él solía acudir a los servicios jurídicos de Sacyr, explicó en su declaración ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Tras admitir que le sonaba el nombre de José María Corbín "por haberlo visto en las noticias", declaró que no considera que fuese necesario un asesor jurídico externo, que nunca vio a este letrado y que si la UTE le pagó, él, como gerente, debería haberlo sabido y autorizado.

También se tomó declaración al actual secretario del Ayuntamiento de València, quien explicó que inicialmente no detectó irregularidad alguna en el proceso de licitación de este contrato.

Sin embargo, posteriormente, uno de los actuales técnicos de la entidad metropolitana de tratamiento de residuos (Emtre) le dijo que "por la adjudicación se habían pagado comisiones", un asunto que ya puso en conocimiento de la Fiscalía, junto con un informe sobre posibles irregularidades en la adjudicación.