Los cuatro menores acusados de violar en grupo a dos niñas de 12 años en mayo de 2022 en Burjassot (Valencia) han alcanzado un acuerdo antes del juicio, según el cual dos de ellos aceptan penas de tres y cuatro años de internamiento, mientras que los otros dos asumen cinco años de libertad vigilada.

Así lo han acordado las partes este lunes, cuando iba a dar comienzo la vista oral por estos hechos, en los que hubo un quinto implicado que no ha sido juzgado porque era menor de 14 años -edad mínima para ser responsable penalmente- cuando se cometió esta agresión sexual.

La Fiscalía de Menores pedía cinco años de internamiento en régimen cerrado para tres de los cuatro menores acusados y seis años para el cuarto, y reclamaba que los cuatro recibieran educación sexual y de igualdad, así como que se les prohibiera aproximarse o comunicar con las víctimas durante dos años.

Finalmente, el acuerdo alcanzado, del que han informado los abogados a la salida de la vista, contempla tres y cuatro años de internamiento para dos de los acusados, y cinco años de libertad vigilada para los otros dos.

Asimismo, los cuatro tendrán que abonar 10.000 euros cada uno en materia de responsabilidad civil, unas cantidades que todos ellos han depositado ya, a falta de una pequeña cantidad por parte de uno de ellos.

Se les imponen, además, órdenes de alejamiento de las víctimas de cinco y tres años, así como la obligación de acudir a cursos de educación sexual e igualdad.

Manuel Quijano, abogado de uno de los acusados, ha informado de estos acuerdos y ha manifestado que este episodio ha sido "traumático para todos".

Por su parte, Isabel Carricondo, abogada de una de las víctimas, también ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados, y ha afirmado que tanto la víctima a la que ella representa como su madre y ella misma están satisfechas.

"Toda víctima necesita que se imponga una pena o medida porque necesita saber que la persona que le ha causado el daño está cumpliendo un castigo", ha explicado, y ha destacado también la importancia de que se resarza económicamente a las víctimas.

Al respecto, ha indicado que la mayoría de las víctimas de agresión sexual necesitan tratamientos psicológicos, que son largos y costosos, por lo que, a su juicio, la única manera de que se sientan resarcidas no es solo con la pena, sino también con la indemnización económica.

Según el relato de los hechos que hizo el fiscal en sus alegaciones provisionales, el 16 de mayo de 2022 dos de los procesados se encontraron con las víctimas en la estación de metro de Burjassot-Godella, donde habían quedado previamente.

Tras dar una vuelta por la población, los menores condujeron a las niñas a un parque público y posteriormente les propusieron entrar en una casa abandonada, concretamente al piso inferior de la misma, donde había una habitación con dos colchones separados por una cortina.

Las dos parejas de menores mantuvieron relaciones consentidas inicialmente y pidieron a los procesados que parasen en un determinado momento, pero estos hicieron caso omiso y las violaron en contra de su voluntad, siempre según el relato del fiscal.

En el transcurso de esta agresión, los procesados escucharon ruidos, por lo que cesaron, se vistieron y salieron al exterior de la vivienda, donde se encontraron con otros tres menores, amigos de los primeros, uno de ellos menor de 14 años.

Las víctimas volvieron a entrar en la casa abandonada y, al ver una de ellas que bajaba el resto de agresores tras ellas, se escondió.

La otra víctima fue retenida por tres de los acusados y violada de nuevo por turnos mientras era sujetada de pies y brazos.

Las menores, además de las lesiones físicas propias de una agresión de estas características, han sufrido diversos problemas psicológicos.