El Ayuntamiento de Valencia concedió este viernes al Valencia la licencia para retomar las obras del Nou Mestalla, un estadio que exige que sea de setenta mil espectadores y que el club deberá acabar en un plazo máximo de treinta meses una vez retome las obras, porque si no el consistorio le retiraría los beneficios urbanísticos que tiene, igual que si vuelve a pararlas.

Desde el consistorio aseguran que la licencia "cuenta con todos los informes técnicos que avalan su completa viabilidad jurídica" y que, una vez se le notifique al club, tendrá tres meses para presentar un proyecto de ejecución "para un estadio de fútbol de 70.000 espectadores" y un "calendario vinculante con hitos parciales", entre otros documentos.

El consistorio realizará entonces una auditoria externa e independiente del coste total de la obra y de la inversión que necesita cada una de las etapas, tal y como se aprobó en la comisión de urbanismo hace unas semanas.

Una vez concedida la licencia definitiva, el club tendrá seis meses para iniciar las obras, salvo motivos de fuerza mayor. Si no lo hace, tendrá quince días desde que se lo notifique el consistorio para presentar una garantía por el 100% del precio que haya determinado la auditoria. Si las inicia y las para sin motivo de fuerza mayor, igualmente tendrá esos quince días para presentar una garantía por el dinero que quede por invertir para acabar el estadio.

Fuentes municipales explicaron a EFE que en ambos casos, el Ayuntamiento ejecutaría esa garantía y procedería a finalizar el estadio. Al mismo tiempo caducaría la licencia a favor del Valencia y derogaría la parte el Plan ATE que sigue en vigor lo que supondría que el club perdería los beneficios urbanísticos que mantiene en la parcela del Nou Mestalla y del actual estadio. 

Además, el consistorio procedería a la resolución de los convenios suscritos en 2005 y 2007 por el Ayuntamiento con el Valencia por "incumplimiento grave de las obligaciones" y exigiría "la indemnización que proceda por los daños y perjuicios efectivamente causados".

Fuentes del gobierno que dirige María José Catalá calificaron como "muy exigentes" las condiciones establecidas y recordaron que el Valencia pedía entre 30 y 42 meses para acabar y que solo se le conceden 30. 

Según esas mismas fuentes esos condicionantes establecidos protegen el interés de la ciudad "por encima de todo" y la blinda "ante posibles incumplimientos de la propiedad del Valencia". Además, aseguran que las penalizaciones por incumplimientos tienen "máximas garantías legales".

También remarcan que se evita que el Valencia "pueda aprovechar las plusvalías urbanísticas" que aseguran que tendría reconocidas de manera automática el 3 de agosto sin acabar el estadio y que se cumple con el acuerdo de una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras de conclusión.

El equipo de Catalá defiende que con esta licencia el consistorio va "un paso más allá de las condiciones que exigían los grupos de la oposición al incluir la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas al Valencia en caso de incumplimiento".