La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el 7 de octubre por enfermedad de un abogado defensor el juicio al exconsejero valenciano del PP Serafín Castellano y otros 15 acusados en el caso del 'cártel del fuego', seguido por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos de extinción de incendios.

El tribunal tenía previsto reanudar la vista con los cuatro acusados que no han llegado a pactos de conformidad con el fiscal, entre ellos el excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana Vicente B.C., cuyo abogado ha comunicado que este jueves era sometido a una intervención quirúrgica.

Vicente B.C., para quien la Fiscalía pide once años de inhabilitación, ha manifestado a la Sala que quiere continuar con su letrado y que este le dijo que esperaba que en unos diez días pudiera hacerse cargo de su defensa en el juicio aunque fuera de forma telemática.

Ante esta situación la presidenta de la Sala, María Riera, ha emplazado a las partes para el próximo 7 de octubre para ver si puede seguir el juicio o si el mismo continúa sin Vicente B.C. para que este fuera enjuiciado aparte posteriormente si su letrado sigue convaleciente y el acusado no quiere cambiar de abogado.

En la anterior sesión de la vista, el martes, Serafín Castellano aceptó una pena de dos años y siete meses de prisión al reconocer su participación en los hechos.

Serafín Castellano, que ocupó las consellerías de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, fue delegado del Gobierno en Valencia y dirigente del PP valenciano, es uno de los doce acusados que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción penas reducidas a cambio de su confesión.

Entre ellos también se encuentra el empresario Vicente Huerta, que aceptó tres años y cinco meses de cárcel al reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena que solicitaba el fiscal, que era de 25 años de prisión.

El juicio sigue respecto a los cuatro acusados que no han pactado con la Fiscalía, además de Vicente B.C., Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat catalana, para quien el fiscal pide dos años de inhabilitación; el empresario Rubén Mariano G.P., para quien la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión.

Y el empresario Francisco Antonio A.E., cuyo abogado pidió que se le aplique la excusa absolutoria prevista para colaboradores con la justicia ya que, según recordó este caso es fruto de una denuncia suya gracias a la cual fue desarticulado este cártel.

Los doce acusados que han pactado con la Fiscalía han confesado los hechos relatados por el fiscal en su escrito de acusación, en el que se desgrana el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios f orestales entre 1999 y 2008.

Añade que "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia" y acusados integrados en dichas empresas "se concertaron con varios funcionarios y autoridades para lucrarse".

La Fiscalía señala que Serafín Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones y mantenía una "intensa y corrupta relación" con Vicente Huerta.