Los Juzgados de los partidos judiciales más afectados por el temporal que azotó a la provincia de Valencia, Torrent, Catarroja, Alzira, València, Mislata y Requena, han autorizado la entrega a las familias de un total de 47 cuerpos de personas fallecidas y han expedido las correspondientes licencias de enterramiento o incineración.

Con esa documentación judicial, las empresas pueden hacerse cargo de los difuntos en la morgue habilitada en Fira de Mostres y trasladarlos a los lugares designados por las familias. Ya lo han hecho, según datos del Centro de Integración de Datos (CID), con al menos 35 falleciods.

Los juzgados implicados siguen realizando comparecencias con los parientes de las víctimas mortales a las que ya se les ha practicado la autopsia y están plenamente a identificadas, en algunos casos por vía telemática o videollamadas ante la imposibilidad de algunos de ellos de acceder a las sedes judiciales, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tras esas comparecencias, los jueces autorizan la entrega de los restos mortales y los letrados de la Administración de Justicia expiden las licencias de inhumación o incineración a las empresas fúnebres.

Así, en los Juzgados de Torrent, donde hay una magistrada y un equipo judicial en la sede judicial dedicado en exclusiva para estos trámites, se han otorgado ya 24 licencias. Esta sede, situada en la Plaza de la Llibertat número 3, está abierta al púbico de forma ininterrumpida desde las 8.00 a las 20.00 horas.

En el partido judicial de Catarroja, que engloba a los municipios de Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa y Sedaví, se ha autorizado la entrega de los cuerpos a las familias de 11 víctimas.

Mientras, en el partido judicial de Alzira, se han emitido hasta ahora cuatro licencias, las mismas que en el partido judicial de València. En Mislata son tres las familias que han recibido la documentación necesaria para hacerse cargo de los restos mortales de su ser querido y una en el partido judicial de Requena.

El objetivo de los órganos judiciales con diligencias previas abiertas por fallecimientos durante la DANA es agilizar al máximo los trámites burocráticos para que los damnificados por la tragedia puedan hacer frente al proceso de duelo y de despedida de sus seres queridos.

Los juzgados pueden realizar estas comparecencias para autorizar la liberación de los restos mortales exclusivamente cuando cuentan con informe preliminar de autopsia e informe positivo de identificación del fallecido por parte del Instituto de Medicina Legal, IML, y Guardia Civil o Policía Nacional.

Son ambas fuerzas de seguridad, en función de la demarcación, las que comunican a los familiares que su pariente ha sido debidamente identificado y les emplazan a que puedan comparecer en sede judicial para designar funeraria, obtener la documentación necesaria y poder lleva a cabo así las exequias fúnebres.

Ya son 11 fallecidos identificados

Las personas fallecidas en la DANA de Valencia, ya plenamente identificadas por los forenses y los especialistas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ascienden a un total de 111, según el último balance actualizado del Centro de Integración de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia.

Desde el pasado miércoles, el Instituto de Medicina Legal de Valencia ha realizado 190 autopsias a cadáveres, todos los que han tenido entrada en la Ciudad de la Justicia de València y que han sido derivados con posterioridad a la morgue habilitada en Fira Valencia.

Mientras la emisión de dictámenes positivos de identificación se ha acelerado considerablemente desde la anterior actualización, la entrada de difuntos y la consiguiente práctica de autopsias en dependencias forenses se ha ralentizado, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Casi el total de identificaciones positivas se ha producido por el cotejo de huellas dactilares, mientras que siete de ellas se ha logrado con los análisis de ADN.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una oficina forense y una oficina de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Tiene como función principal reunir y supervisar los informes de identificación que se realicen por las instituciones a fallecidos en sucesos con múltiples víctimas, en virtud del Real Decreto 32/2009.