Varios alcaldes de municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la dana del pasado mes de octubre, que acabó con la vida de más de 200 personas y causó miles de millones en pérdidas, han pedido este miércoles en unas jornadas celebradas en el Congreso diversas acciones legislativas urgentes para facilitar la reconstrucción.

Organizada por la Associació de Juristes Valencians (AJV), la Cámara baja ha sido sede este miércoles de las jornadas "La población valenciana 100 días después de la DANA; la visión del municipalismo y la sociedad civil", en las que participaron alcaldes y expertos para hacer un balance de la tragedia sucedida el pasado del 29 de octubre de 2024.

Entre las acciones reclamadas está una reforma de las leyes presupuestarias para que se exima del cumplimiento de las reglas de gasto a los ayuntamientos más afectados, según ha solicitado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Albal, María José Hernández Ferrer.

Ha pedido, en concreto, que se les habilite para tratar como financieramente sostenibles en la liquidación de 2024 los gastos de la dana y ha explicado que su municipio tiene 12 millones de euros en el banco que no puede gastar para hacer frente a los desperfectos porque las leyes presupuestarias no lo permiten.

Ferrer ha señalado además que los ayuntamientos no saben si con la línea de ayudas habilitadas por el Gobierno se van a poder costear las obras ya ejecutadas y ha apuntado que los pueblos han tenido que sufragar labores de reconstrucción porque no podían esperar tres meses a que se abrieran las líneas de ayudas del ministerio o de la Generalitat.

"El Boletín Oficial del Estado no recoge que podamos imputar a esta línea de subvenciones las obras ya ejecutadas y yo quisiera que por favor lo tuvieran en cuenta", ha afirmado la vicealcaldesa.

Para Carlos Tarazona, alcalde de Tuéjar, es urgente que los diputados debatan sobre la regla de gasto de los ayuntamientos, que se debe suspender -ha dicho- de manera "urgentísima". "Si no, no podemos cerrar el presupuesto municipal (...) ya que la regla de gasto implica ponernos la soga al cuello a los ayuntamientos", ha añadido.

Por otra parte, el director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez García, ha apuntado que tragedia ocasionada por la dana podría haber generado unas pérdidas globales de más de 17.000 millones de euros.

Según un estudio presentado por este organismo hace unos días, esta cifra supone, al menos, el 20 % de los activos totales, privados y públicos, ubicados en la zona de afección de la riada (viviendas, comercios, industrias, bienes agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo).

En opinión de Toño Carratalá, alcalde de Alberic, este es un momento para hacer una reflexión sobre si los políticos han sabido realmente representar bien a los valencianos.

"Deberíamos reflexionar si hemos sido la voz de los valencianos o si hemos sido la voz de nuestros partidos, si hemos sabido alimentar la crispación o realmente hemos buscado soluciones", ha reclamado el alcalde, quien ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, no se han sentado en una mesa a hablar y es algo "muy triste".

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha reclamado por su parte que su municipio y otros en situación similar sean incluidos en el listado del Gobierno de zonas afectadas y que pueden optar a la línea de ayudas y a otro tipo de medidas como laborales, fiscales o hipotecarias.

"Que nos reconozcan en la medida en la que hemos sido afectados, ni más ni menos (...). Me parece que no estamos pidiendo aquí nada que sea injusto", ha reclamado.