La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por un contrato de patrocinio por un importe de 14.500 euros más IVA adjudicado por el concejal de Patrimonio y exsegundo teniente de alcalde y exedil de Empleo, Parques y Jardines Juan Manuel Badenas a una entidad editorial.

Así lo ha anunciado antes de empezar el pleno del Ayuntamiento de València en declaraciones a los medios el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, que en su día denunció a Fiscalía Anticorrupción este contrato para "celebrar un evento en Madrid y que casualmente se modificó sin ningún tipo de informe para que fuera una entrevista, en la que le prometían a Badenas cuatro millones de visualizaciones en 72 horas, en la que no hablaba de sus áreas, sino que se dedicaba a dar opiniones generales sobre el presidente Pedro Sánchez, sobre la vida, y a presumir de que se había subido en un tractor durante la dana".

Al respecto, ha explicado que cuando avance la investigación el grupo municipal socialista estudiará "si es conveniente o no que se persone en la causa" por "estos tres delitos que son gravísimos y conllevan penas muy graves".

"Tenemos una investigación más por posible corrupción dentro del gobierno de María José Catala, una investigación que estamos seguros que ella está dispuesta a tapar", ha criticado Sanjuán, que ha subrayado que un juzgado ha impuesto el pago de una multa de mil euros a la alcaldesa "por haber ocultado información a los juzgados, y que tapa para asegurarse que a ella también le tapan sus vergüenzas".

En ese sentido, ha señalado que hoy se votará "si se aprueba una comisión de investigación sobre lo que el Ayuntamiento hizo el día 29 de octubre" y al respecto ha barrutando: "La pregunta es si a cambio de tapar la corrupción de Badenas, ella va a obtener que tape su mala gestión de la dana".

"Así que probablemente hoy tengamos un pleno donde lo que impere sea un pacto de silencio, porque hay personas que están investigadas por posible corrupción y personas que no quieren que se investigue su gestión de la dana", ha recalcado.

En ese sentido, ha apuntado que "cada expediente que comprobamos de Badenas es un expediente que es susceptible de ser llevado a Fiscalía, Catalá lo conoce y lo expulsó de su gobierno porque presuntamente era una persona que podía haber llevado a cabo prácticas corruptas, pero cuando se dio cuenta que sin él no le salían los números, volvió a meterlo dentro del gobierno". "Prefiere tener dentro a un posible corrupto que perder votaciones", ha recriminado.

"MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS"

Del mismo modo, la portavoz de Compromís, Papi Robles, sobre las investigaciones a los contratos suscritos por Badenas, ha señalado: "Nosotros tenemos mucha confianza en la justicia y dirá que evidentemente se ha hecho un mal uso de recursos públicos".

Por ello, ha exigido a Catalá que responda si va a mantener a los dos ediles de Vox que salieron del partido del Gobierno y han vuelto --Badenas y su pareja Cecilia Herrero-- "denunciados por malversación y delito de odio" y que "detalle a los valecianos lo que nos costó sus vacaciones pagadas". "Llevan dos plenos de brazos cruzados y riéndose de todos gracias a Catalá que para mantener la vara de mando es capaz de pagarles con el dinero de todos a estas dos personas que no están haciendo absolutamente nada".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por contra, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha mostrado su "respeto absoluto a las actuaciones la Fiscalía, y por supuesto a la presunción de inocencia de todas las personas" y, preguntado por si el partido va a abrir algún tipo de investigación interna como se hizo con los otros contratos que se investigan, ha replicado: "Nosotros no tenemos que investigar nada, hay un informe de asesoría jurídica que avala esos contratos".

"La asesoría jurídica ya ha informado respecto de esos contratos --el PSPV presenta hoy una moción sobre transparencia y contratación-- y ha dicho que son legales con lo cual, en principio, el caso está aclarado y cerrado desde nuestro punto de vista y si surgen más cosas, respeto a la actuación de la Fiscalía, respeto en su caso si llega a la actuación de los jueces y poco más que decir".

Del mismo modo, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha señalado al respecto: "Nosotros vamos a esperar a las resoluciones y a los actos del juez. Nosotros por supuesto siempre respetamos a la Justicia y no vamos a entrar a valorar". Asimismo, ha comentado que Vox es "un socio" con el que trabajan con "un objetivo muy claro": "Mejorar la vida de los ciudadanos de esta ciudad". "Hay cuestiones que nos pueden diferenciar a unos y a otros, somos partidos evidentemente distintos, pero nos une una cosa, y es el bienestar de los ciudadanos y que esta ciudad se reactive tras ocho años de letargo", ha apuntado.

DENUNCIA

Según se detalla en la denuncia, el contrato de patrocinio era para celebrar unas jornadas en un acto único Madrid con una entidad editorial de un diario digital. Desde el PSPV se advierte, al respecto, que estas jornadas "no tenían ninguna vinculación con València y, por tanto, tampoco ningún interés para la ciudad". Aun así, el importe del contrato de patrocinio fue de 17.545 euros (14.500 euros más el 21% correspondiente del IVA) "tan solo 500 euros por bajo del límite previsto por ley para que la Administración pudiera contratar con la editorial sin venir obligada al procedimiento de publicidad y concurrencia competitiva", se advierte.

La entidad editorial, según denuncia el PSPV, intentó justificar el presupuesto del evento en el "retorno de la imagen del área de parques, jardines y espacios naturales" del Ayuntamiento de València. Sin embargo, se agrega, las anteriores ediciones de las jornadas apenas llegaron a las 5.000 visualizaciones en su conjunto.

ENTREVISTA A BADENAS

Por otro lado, el contrato de patrocinio sufragado a cargo del Ayuntamiento incluyó el pago de 4.500 + IVA en concepto una video-entrevista que la editorial realizaría a Badenas. "Todo ello pese a que esta actuación esté expresamente prohibida por la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Comunitat Valenciana de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas a cuyo cumplimiento viene obligado tanto el Ayuntamiento como la entidad editorial", se apostilla en la denuncia.