La madre gallega a la que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella acordó dar la custodia al padre teniendo en cuenta aspectos como el hecho de que la mujer viva en la "Galicia profunda" ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También solicitará su recusación y pedirá la nulidad de las actuaciones.
"Buscamos un juez imparcial", ha asegurado a Europa Press la letrada de la madre, Claudia Traba, quien ha calificado de "discriminatorio" el contenido del fallo, pero también ha criticado los "descalificativos" que, según remarca, se recogen hacía su clienta.
En el auto, avanzado por 'La Voz de Galicia' y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza sostiene que la mujer trasladó al hijo de ambos desde la ciudad malagueña a una parroquia de Muros (A Coruña) de forma "unilateral".
Alega también que el padre, de origen canario, puede darle "una mayor estabilidad a todos los niveles" y que Marbella es una ciudad "cosmopolita" que ofrece "múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz".
"Lo que no sucede con la pequeñísima población en la Galicia profunda, a la que se ha trasladado la madre". Asimismo, afirma que en este lugar de residencia la mujer no tiene "opciones laborales", aunque cuestiona su interés por buscar un empleo, al tiempo que la define como "caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa" frente a un padre del que destaca su trabajo "bien remunerado" y al que califica de "persona madura" y padre "entregado".
La madre pide un juez "imparcial"
Según consta en el auto, en verano de 2021 empezaron las desavenencias entre la pareja, "así como las amenazas" de ella "de marcharse con el hijo pequeño de ambos a Galicia, lo que se desprende claramente de los mensajes de WhatsApp aportados por ambas partes".
Sin embargo, la letrada de la madre denuncia que hay pruebas aportadas por esta parte que no se han practicado o que no se han tenido en cuenta. "La jueza omite todos los WhatsApp íntegros", ha asegurado la abogada.
De la madre, explica que decidió trasladarse a Galicia porque en Marbella no tenía trabajo y porque no tenía ningún tipo de ingreso. Además, ha incidido en que la mujer permitió las comunicaciones con el padre por videollamada y puso a disposición de él una vivienda para que pudiera ver al hijo en fin de semana.
Por todo ello, además de la queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), avanza que solicitarán la nulidad de las actuaciones por "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva". También solicitarán la recusación de la jueza para tener un juez "imparcial".
Reacciones
Las alusiones de la jueza sobre el lugar de residencia de la madre en Galicia y las comparaciones que hace entre el lugar donde vive la madre y el padre ha suscitado críticas desde distintos sectores. La propia abogada de la madre ha cuestionado los comentarios del auto a este respecto.
Lo mismo ha hecho la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha criticado los "prejuicios" detrás de estos comentarios y ha pedido a la Xunta que intervenga. "Como millones de gallegas y gallegos, los mejores valores y principios los adquirí aquí, en esa 'Galicia profunda' que alguno o alguna denosta desde los prejuicios, la soberbia y el desconocimiento', afirma el secretario provincial de los socialistas coruñeses, Valentín González Formoso.
"Es inadmisible que una sentencia recoja un término tan lleno de prejuicios y connotaciones negativas", asevera, a su vez, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Por su parte, el secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, tilda de "profunda incultura la de la Justicia", en referencia al auto.
En otro comunicado, suscrito por la Asociación Galega contra o Maltrato de Menores, el Sindicato Labrego Galego, y el Colegio de Educadores Sociales, además de colectivos feministas y otras organizaciones, piden a los organismos públicos gallegos declaraciones institucionales y actuaciones para que se depuren "responsabilidades".
"Asentar judicialmente que los niños y niñas de zonas rurales gallegas no tienen garantizadas necesidades básicas, significa crear una situación de vulnerabilidad", denuncian. En la misma línea, las organizaciones agrarias UPA y Fademur condenan el contenido del auto, que califican de "parcial, inconstitucional y absurdo". "Muestra un profundo desconocimiento y desprecio por el medio rural", sostiene.
