El texto señala que “la imparcialidad del juez de Instrucción nº 5 (de la Audiencia Nacional española) podría estar en entredicho” por las “relaciones personales conflictivas” y la “enemistad manifiesta” entre el demandante y el magistrado, después de que éste reabriera la instrucción del caso cinco días después de abandonar el Gobierno.
Vera y Garzón coincidieron en el Gobierno de Felipe González que salió de las urnas en 1993 como secretario de Estado de Seguridad y delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, respectivamente.
