PP y Vox chocan aún por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León

El PP y Vox apuran las horas previas a la constitución de las Cortes de Castilla y León, con la Presidencia de la institución aún en disputa entre ambos partidos, y con el partido de Santiago Abascal marcando su pauta al publicar los ejes y propuestas programáticas para un hipotético Gobierno de coalición, en el que se harían con una Vicepresidencia y tres de las nueve consejerías que planifican -una menos que ahora-.

Ambos partidos afrontan el momento culminante de la votación de mañana a mediodía sin anunciar el nombre o los nombres de las personas que pueden disputarse el cargo de presidente del Legislativo y convertirse en la segunda autoridad de la Comunidad, aunque pesa también la incidencia que un acuerdo o desacuerdo en esa materia tendría sobre la posterior gobernabilidad.

En los últimos movimientos, tanto el PP como el PSOE se han responsabilizado mutuamente de una situación que acerca la Presidencia a Vox, dado que los populares, por medio de su previsiblemente nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, han pedido a los socialistas una abstención sin condiciones que dejaría a Vox fuera de la ecuación, y los socialistas a su vez, por medio de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, han demandado al PP que paren su pacto con la ultraderecha.

A última hora del miércoles, a sólo 15 horas de la constitución de las Cortes, el procurador electo de Vox y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha afeado al PP que "se empeña en negar a los votantes de Vox el mismo trato" que a Ciudadanos en 2019, en referencia a la cesión de la Presidencia de las Cortes, por lo que ha advertido de que si no rectifica tendrá que explicar a sus votantes los motivos del desencuentro.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, García-Gallardo ha defendido que "todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta", en alusión a un documento con doce ejes de gobierno, tres medidas para los 90 primeros días de legislatura y 29 acciones concretas, que serían la base programática, y la reiteración de su propuesta de reparto de cargos.

"Ante la negativa del PP a alcanzar un acuerdo con Vox, hacemos públicas nuestras propuestas para garantizar un gobierno que atienda a las necesidades de los castellanos y leoneses", ha planteado en un comunicado el partido de Santiago Abascal, que asume que los resultados del 13-F determinan que el Gobierno debe estar presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP), pero añaden que debe ser a través de un acuerdo de coalición.

El documento presentado por Vox representa unas "bases para un acuerdo de legislatura", pero "deberá ser detallado una vez constituidas las Cortes y con anterioridad a la sesión de investidura, hasta conformar un programa estable de gobierno".

Entre los doce ejes de gobierno que plantean, son cuestiones generales, pero concretan algunas de sus propuestas como su oposición a la aplicación de la Agenda 2030 por parte del Ejecutivo autonómico: "El Gobierno de la Junta se compromete a rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial".

En el caso de los compromisos para los primeros 90 días de legislatura, Vox plantea tres: reducción de todas las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos y la asignación a la publicidad institucional, la derogación del Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática y la eliminación de las partidas presupuestarias y normativas que "promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos. La Junta colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados", concluye el escrito.

Por último, en el caso de las acciones, destacan la propuesta de reducción de diez a nueve consejerías, un fondo de 300 millones para indemnizar a pymes y autónomos afectados por las medidas de contención contra la covid declaradas inconstitucionales y una "ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima" -sin referencia explícita a la derogación o modificación de la actual Ley contra la Violencia de Género-.

También reclaman en su documento la eliminación de todos los documentos oficiales "los ataques a la lengua española con el denominado 'lenguaje inclusivo'" y la reparación de lo que consideran como una "discriminación histórica a Castilla y León" en materia de financiación autonómica, entre otras medidas que se proponen negociar con el PP.

A este escenario de incertidumbre de cara a la votación de mañana se ha sumado el posicionamiento de Soria Ya, que hasta ayer parecía avanzar hacia un acuerdo con el PP, pero a última hora aseguró que ve "difícil" un acuerdo con los populares para apoyar con sus tres votos al candidato que propongan, sin desvelar si la consecuencia de esa falta de acuerdo será la abstención o un voto favorable a la candidatura del PSOE, encarnada en la procuradora socialista Ana Sánchez.

Pero otra derivada ha surgido en las conversaciones sobre la gobernabilidad, ya que Soria Ya ha reconocido que en sus contactos tratan de buscar beneficios para su provincia, con independencia de que estos lleguen del ámbito autonómico o nacional, en clara referencia a poder pactar con los socialistas inversiones del Gobierno de España.

Quien sí ha anticipado sus intenciones para mañana es el procurador electo de Cs y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha garantizado al PP que tendrá su voto favorable si presenta un candidato a presidir el Parlamento autonómico, para evitar de este modo que la institución esté dirigida por un representante de Vox, aunque en caso de no presentarlo los populares Cs votará a la candidata del PSOE en primera votación.

"Todo es posible" y "por nosotros no será", ha resumido Igea durante su comparecencia en una rueda de prensa, en la que ha remarcado que el PP no podrá descargar la responsabilidad de su posible concesión a Vox en forma de Presidencia de las Cortes, ya que ha confiado en que otros grupos también opten por "el mal menor" y expliciten que prefieren a alguien del PP para presidente del Legislativo, por lo que ha apelado a la abstención del PSOE, entre otros.

En el caso de Por Ávila, su presidente, José Ramón Budiño, ha asegurado que el único procurador de esta formación, Pedro Pascual, acudirá al Pleno de constitución de las Cortes sin una decisión "firme", dada la indefinición del escenario.