El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que preside el juez Arturo Zamarriego, ha dictaminado, después de considerar los diferentes recursos y alegaciones, que Anna Scheidgen, Angela Scheidgen (ambas de la cúpula de Alfico-New Balance Ibéricas) y el vicepresidente de New Balance Internacional, Paul Guaron, declaren como investigados el próximo 7 de noviembre de 2022 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
Esta declaración como imputados deriva de la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet presentaron contra el vicepresidente ejecutivo mundial y asesor general de New Balance, Paul R. Guaron; y contra Alfico y sus representantes, Anna Scheidgen, hasta hace unos meses consejera delegada de New Balance Ibérica, y su hija Angela, que ocupa ahora ese cargo. Las empresas denunciantes les acusan de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito contra el mercado por abuso de posición dominante.
El juez decidió el pasado mes de abril seguir con la investigación y no archivar la querella y, por lo tanto, pese a los intentos del vicepresidente mundial de la compañía de no acudir a declarar a Madrid, finalmente tendrá que comparecer.
Las dos empresas españolas que suscriben la querella trabajaron desde 2016 para la matriz norteamericana desde Madrid con la misión de promocionar la marca New Balance en España y Portugal y promover la creación de decenas de tiendas y puntos de distribución.
El contrato que las vinculaba a New Balance vencía en 2021 y los querellantes sostienen que, según se desprende de la documentación aportada, éste se prorrogaría tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, hasta el 2026. Añaden que Experience, con esa seguridad, realizó inversiones que pasaron por la compra de locales y la contratación de personal para encarar ese futura etapa de proyección de la compañía en Europa. Argumenta que, con ese desembolso efectuado, New Balance ahora se desdice, y, tras disponer de la cartera de clientes y la información comercial y financiera de Experience, rompe con las empresas españolas dejando a más de 250 trabajadores en el paro.
En su momento, New Balance aclaró que había informado a Experience Group que el contrato de licencia expiraba el 31 de diciembre de 2021 y que no se iba a hacer ninguno nuevo.
La empresa norteamericana, según la querella, a la vista de los extraordinarios resultados financieros y comerciales de Experience, les habría dejado de suministrar productos (calzado y prendas deportivas), para causarles un ahogo económico de tal magnitud que les obligase a venderles la red de distribución comercial a un precio menor.
Los delitos que se imputan en esta fase procesal a Guaron y a las otras dos imputadas podrían suponer, en caso de sentencia condenatoria, una pena de entre seis y doce años de cárcel.
