Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital a dos abogados por regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros y a otras seis personas por aportar la documentación falsa en sus solicitudes de residencia.
Los abogados supuestamente realizaban contratos simulados como empleados del hogar, procediendo a su posterior alta en la Seguridad Social, a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.000 y 5.000 euros, ha informado este jueves la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.
La investigación se inició en septiembre del año 2020 tras tener conocimiento la Policía de la supuesta comisión de un delito de falsedad documental, donde en un principio estaría implicado un varón que habría intervenido como gestor en la regularización de varios ciudadanos extranjeros.
Tras los primeros análisis de la documentación aportada en los expedientes de regularización por arraigo social y familiar de ciudadano de la Unión Europea, los agentes evidenciaron indicios de que, tanto esta persona como su pareja, habrían realizado contrataciones como empleados del hogar, iniciando los trámites de regularización con la administración.
HABRÍA REGULARIZADO A 22 PERSONAS
Las pesquisas han permitido determinar que esta pareja de abogados habría regularizado a 22 personas de diferentes nacionalidades a través de contrataciones simuladas, las cuales fueron declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. A cambio de ello, los interesados habrían abonado la cantidad de entre 1.000 y 5.000 euros a los presuntos autores de esta trama.
Asimismo, los investigadores han acreditado la falsedad de diferente documentación, como pasaportes, certificados de antecedentes policiales, volantes de empadronamiento o cursos de idioma español, permitiendo acreditar a los solicitantes de residencia, su permanencia en España durante al menos tres años.
Como consecuencia de estos hechos, los agentes procedieron a su arresto a principios del mes de agosto como presuntos responsables de un delito continuado de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También fueron detenidas otras seis personas por un delito de falsificación documental, al haber aportado en sus expedientes los contratos ficticios.
