"La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado desde el principio el procedimiento en el que a partir del ordenador ocupado a Reyes se obtuvieron indicios de la colaboración entre dos grupos terroristas, las FARC y ETA", señaló Conde-Pumpido en Bruselas al ser preguntado por el auto del juez Eloy Velasco que habla de una posible "cooperación judicial" de Caracas con ETA y las FARC.
"Por tanto, la Fiscalía ha impulsado e impulsará hasta el final las investigaciones de este procedimiento", agregó el Fiscal General del Estado quien evitó hacer más comentarios alegando que el caso se encuentra 'sub iudice'.
"Como Fiscal General del Estado no puedo hacer ningún otro pronunciamiento", dijo durante una rueda de prensa en la que la presidencia española de la UE lanzó los trabajos para crear una futura Fiscalía Europea.
Antecedentes
El presidente venezolano, Hugo Chávez, se ha comprometido ante las autoridades españolas a investigar si entre los cargos "medios" de su Administración ha podido haber algún tipo de colaboración con ETA y las FARC, pero ha negado de plano que su Gobierno esté detrás de esa presunta cooperación que denuncia el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado fuentes diplomáticas.
Tanto Chávez como su ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, aseguraron ayer al jefe de la Diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, que el Gobierno de Venezuela no ha colaborado con ETA y las FARC. No obstante, se comprometieron, según las fuentes, a mirar qué puede haber tras esas acusaciones y, en concreto, si entre los cargos "medios" de la Administración venezolana ha habido algún comportamiento que haya dado pie a la denuncia de Velasco.
El Gobierno español, por tanto, se mantendrá a la espera de los resultados que arrojen esas pesquisas y confía en que, si se descubre "algo", el Ejecutivo de Hugo Chávez "esté a la altura" y tome las medidas oportunas, señalaron las mismas fuentes, que recordaron que en ocasiones anteriores el Gobierno venezolano se comportó de forma adecuada.
En concreto, recuerdan el episodio vivido en diciembre de 2006, cuando el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna anunció que el Gobierno venezolano se habría comprometido a facilitar la nacionalización de los etarras Lorenzo Ayestarán -detenido el domingo en Francia-- Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa, lo que les permitiría evitar su extradición a España, y a indemnizar a otros dos por haber sido entregados a la justicia española en 2002.
En un comunicado, Askatasuna aseguró también que otros dos etarras, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, habían alcanzado un acuerdo con las autoridades venezolanas para ser indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002.
Al poco de conocerse la noticia, el Gobierno venezolano aseguró que no nacionalizaría ni indemnizaría a ningún etarra y se comprometió a destituir al funcionario del Ministerio de Exteriores que negoció con los abogados de los etarras el acuerdo sobre las indemnizaciones.
En el caso actual, el Ejecutivo español descarta por el momento emprender algún tipo de acción o de protesta ante Venezuela, más allá de la petición de explicaciones que realizó ayer Moratinos. Esperará a conocer qué resultados arrojan las investigaciones ordenadas por Chávez y también, según otras fuentes diplomáticas, habrá que esperar a conocer la conclusión del sumario abierto por el juez Velasco.
Por otra parte, al Gobierno español no le ha extrañado el rechazo "visceral" del Ejecutivo de Chávez a las acusaciones del juez Velasco porque demuestran su interés de dejar claro que ellos no colaboran con los terroristas.
El Gobierno español se mantendrá "a la espera del desarrollo del sumario" abierto por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras conocer el rechazo de Caracas a las acusaciones del magistrado, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, conversó ayer con el presidente venezolano, Hugo Chávez, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, Nicolas Maduro, tras tener conocimiento del auto del magistrado Velasco en el que acusa a Caracas de "cooperación gubernamental" con los grupos terroristas ETA y FARC.
Según las mismas fuentes, las autoridades venezolanas "niegan esas acusaciones", por lo que el Ejecutivo español sólo le queda esperar al desarrollo del sumario para ver si dichas acusaciones se prueban.
Ninguna acción
Estas fuentes descartaron por tanto que España pueda emprender algún tipo de acción o de protesta ante Venezuela antes de conocer la conclusión del sumario.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer en Hannover (Alemania) que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se puso en contacto con el Ejecutivo de Venezuela para solicitar "una explicación" tras el auto del juez de la Audiencia Nacional y, tras asegurar que en todo caso respeta la decisión judicial, declinó hacer más valoraciones asegurando estar "a la espera de esa explicación" del Gobierno de Chávez.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano, a través de una nota difundida por la Embajada venezolana en España, criticó por su parte los "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano" contenidos en el auto del magistrado que califica de "tan tendenciosos como infundados".
Maduro "repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela" en su conversación con el ministro Moratinos, al que recordó que el presunto etarra Arturo Cubillas "reside en Venezuela a petición del Estado español", en virtud de un acuerdo suscrito en 1989 entre los entonces presidentes venezolano y español, Carlos Andrés Pérez y Felipe González, respectivamente.
"El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en comunicación con el Canciller del Reino de España, recordó el acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español", explicó el ministerio de Exteriores en el comunicado en alusión al etarra Arturo Cubillas, quien reside en Venezuela desde mayo de 1989.
"Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo, mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano", reza la nota de Exteriores.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denuncia la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un auto en el que procesa a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana reclamó ayer al presidente Chávez "las aclaraciones necesarias" y subrayó la "importancia" del auto del magistrado española porque "por primera vez hay unas pruebas contundentes y directas" de la relación entre ETA y las FARC. "Lo anterior era simplemente rumores, chismes... Hoy claramente hay una relación directa entre miembros de la ETA, entre miembros de las FARC para hacer atentados terroristas", insistió.
"Si Venezuela hoy está dando cobijo a miembros de las FARC y a ETA lógicamente la reacción no solamente va a venir del Gobierno español, hoy como presidente de la Unión... La Unión Europea al final va a tener que pedir explicaciones al Gobierno de Venezuela porque todos los países de la Unión han calificado a las FARC de terroristas o están en su lista terrorista. Por lo tanto es un tema que el presidente Chávez tiene que explicar muy pronto, muy claro, muy concreto y muy directo estas acusaciones", explicó en una entrevista por teléfono con Europa Press.
