La primera de las medidas analizadas fue el Decreto Ley sobre el Fondo Estatal de Inversión Local, para la que el Gobierno destinará 8.000 millones de euros, a repartir de forma proporcional, y que persigue “promover la obra pública y de inversión generadora de empleo”.
A esto habrá de sumarse la parte proporcional de los 3.000 millones de otro fondo global destinado a la Dinamización de la Economía y el Empleo.
De esta forma, las siete localidades de la comarca podrá optar a una ayuda procedente del Fondo Estatal de Inversión Local cifrada en 45.540.319 euros. Todo ello gracias a la aportación de 177 euros por habitante censado elaborada por el Ejecutivo.
Plazos
Según España, “con este Fondo Estatal de Inversión, una herramienta fundamental, se está trabajando en plazos concretos. Un plan que culminará en 2010, tras una movilización de recursos públicos sin precedentes”.
Así, la admisión de solicitudes se llevará a cabo del 10 de diciembre al 20 de enero próximo. Las peticiones podrán cursarse a través de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), dirigidas a las subdelegaciones de Gobierno.
Las solicitudes podrán presentarse de forma individual por cada Ayuntamiento o bien a través de las mancomunidades o agrupaciones de municipios.
La documentación a presentar en cada petición debe incluir, amén de la solicitud, una memoria explicativa del proyecto.
Entre los requerimientos se encuentran que “se trate de obras nuevas, no contempladas en los presupuestos de 2009 y de una ejecución inmediata”.
Así, las obras tendrán consideración de urgentes, “de tal forma que la adjudicación provisional de los contratos deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días naturales una vez finalice el plazo de presentación de proposiciones”.
Todos los contratos deberán tener un valor inferior a cinco millones de euros, no pudiendo fraccionarse su objeto. Asimismo, el MAP financiará el 100% del coste total del proyecto.
El inicio de las obras deberá producirse entre del 11 de enero al 13 de abril, como muy tarde. Además, las obras deberán sacarse a licitación pública por cualquiera de los procedimientos enumerados en la ley de contratos públicos.
Proyectos y objetivos
Los proyectos financiables son, entre otros, “rehabilitación y mejora de espacios públicos urbanos; equipamiento e infraestructuras básicas en redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones; construcción y mejora de equipamientos sanitarios, educativos, culturales y deportivos; medidas de prevención de la contaminación y de impulso al ahorro y la eficiencia energética; supresión de barreras arquitectónicas; conservación y protección del patrimonio; construcción y mejora en la red de agua potable y tratamiento de las residuales; proyectos de movilidad sostenible; rehabilitación de cementerios; mejora de la gestión de los residuos así como prevención y servicio de extinción de incendios”.
El objetivo es la contratación de desempleados, “con lo que repercutirá en la generación de empleo y la reactivación de muchas empresas, fundamentalmente de la construcción y afines a ella”.
En esta línea, Melgar resaltó que “se promoverá iniciar obras públicas así como la contratación de parados”.
Por su parte, Sánchez Rull indicó que “estas medidas son una muestra de honestidad y transparencia del Gobierno, así como un reto y una oportunidad para los Ayuntamientos que deberán tener las obras iniciadas antes del 13 de abril”.
