El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha afirmado este miércoles no tener constancia de que "en los próximos días" se vaya a producir el desalojo del asentamiento chabolista de El Walili en Níjar (Almería), cuyos moradores han convocado tres jornadas de protestas con cortes de carretera en las inmediaciones del diseminado ante su disconformidad con el proceso debido a la ausencia de realojos alternativos.
"No tenemos ninguna resolución de órgano administrativo o judicial que establezca el desalojo de esta zona en concreto", ha explicado el subdelegado a preguntas de los medios, a quienes ha recordado que esta decisión depende únicamente del Ayuntamiento de Níjar, por lo que la Subdelegación actuaría mediante la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "velar por el orden público" si fuera preciso.
No obstante, Martín ha incidido en que no tiene constancia de que se vaya a producir dicho desalojo "en los próximos días", al tiempo que ha insistido en "delimitar muy bien las competencias administrativas entre los distintos órganos" a la hora de abordar las soluciones habitacionales, ya que estas competencias son "municipales y autonómicas, en su caso", según ha dicho.
Por el momento, el medio millar de personas que se ubica en el asentamiento donde hay más de 200 chabolas, también conocido como Los Nietos, mantienen las protestas iniciadas este martes y que continúan este miércoles y jueves sobre las 17,00 horas en la intersección AL-3108 y 3112, con cortes en la carretera que da acceso al poblado.
A través del sindicato SOC-SAT, los trabajadores protestan ante el proceso administrativo iniciado por el Ayuntamiento de Níjar (Almería) para derribar el poblado en el que "malviven sus moradores", ya que "trabajan en un territorio aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata y sin transporte público".
Los afectados han apuntado que el desalojo podría producirse en el mes de enero, si bien "durante este otoño también han sido desalojados pequeños asentamientos". En esta línea, han afeado los acuerdos de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), con la patronal agraria y turística para "eliminar dicho poblado" porque "crea mala imagen exterior de los productos de las empresas hortofrutícolas y del turismo", han dicho.
Los residentes de El Walili ya realizaron una marcha de protesta el pasado 25 de noviembre hasta el Ayuntamiento de Níjar al respecto, aunque "tienen previstas nuevas acciones" para reivindicar que no se les desaloje "mientras no se contemple una alternativa habitacional" y se les facilite acceso a "servicios básicos de comunidad como agua potable, luz, recogida de basuras y saneamientos".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) también pidió la pasada semana al Ayuntamiento de Níjar que paralizara el desalojo y derribo "ya ordenado administrativamente" del asentamiento chabolista.
Asimismo, recordaron que el Consistorio está construyendo "unas cajoneras con 62 habitáculos, que estarán terminadas posiblemente para junio, y que servirán para alojar provisionalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores temporales", lo que obvia que las personas migrantes que trabajan en la agricultura de esta zona "residen de manera permanente ya que la actividad agrícola es continuada durante todo el año, y que una parte importante no puede cumplir con los requisitos establecidos por el consistorio".
Apdha remarca que es necesaria la paralización del procedimiento hasta no tener una alternativa de alojamiento permanente y vital que se "les facilite acceso a los recursos básicos de la comunidad", así como que se desarrolle en el municipio "una política de vivienda asequible para las personas que trabajan en la agricultura".
