El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, pidió hoy al PSOE-A que solicite la disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y la convocatoria de elecciones en el municipio, tras la última imputación de la concejal socialista María Miralles dentro del caso 'Astapa', que investiga la corrupción urbanística en la localidad malagueña.
En rueda de prensa, Tarno consideró que es el momento de que los socialistas sepan estar a la altura de las circunstancias y pongan freno a una situación "inaceptable" que ha llevado a la "ingobernabilidad" en Estepona, ya que, según dijo, "el equipo de gobierno está en minoría y con un importante número de imputados por casos de corrupción urbanística".
En esta línea, el popular subrayó que debido a que estos hechos se han producido a la mitad de la legislatura y no al final, "lo más lógico es disolver el ayuntamiento y dejar que los ciudadanos se expresen y decidan democráticamente".
Asimismo, Tarno indicó que el PSOE-A "quiere mantenerse a toda costa en el ayuntamiento, cueste lo que cueste". "Tiene miedo a que le pase lo que en Marbella, donde los ciudadanos le dieron la espalda en las elecciones", aseveró el popular, quien añadió que "los socialistas están anteponiendo sus intereses partidistas a los de la ciudadanía en Estepona".
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, descartó hoy la posibilidad de que se vaya a proceder a la disolución del Ayuntamiento de Estepona e instó al presidente del PP-A, Javier Arenas, a comportarse con "responsabilidad" y aceptar la opción de "sentarse en una mesa para buscar un acuerdo por el interés general de los ciudadanos" en esta ciudad malagueña.
En declaraciones a los periodistas antes de mantener una reunión con alcaldes y cargos institucionales del PSOE en Andalucía Oriental, Pizarro explicó que como en otras ocasiones, tras ser imputada por el presunto delito de prevaricación, a María Miralles se le aplicará el código de conducta interna "y se le va a pedir el acta de concejal y suspender cautelarmente de militancia del partido".
En este sentido, el número dos de los socialistas andaluces explicó que no están por la disolución del Ayuntamiento de Estepona porque no lo consideran necesario, ya que "no son las mismas circunstancias que Marbella, puesto que en este caso, hay posibilidad de gobernar y gestionar responsablemente los intereses".
De esta forma, Pizarro advirtió de que en estos momentos son necesarios dirigentes responsables "que no pretenden aprovechar una situación como la que estamos viviendo para sacar réditos electorales".
"El PP-A y Arenas deben actuar de manera responsable, pues si desde las direcciones provincial y regional no se plantean inconvenientes en cerrar un acuerdo de estabilidad, seguro que los concejales no tendrán inconveniente en cerrar un acuerdo de estabilidad y cerrar una agenda de intereses general de los ciudadanos, o de participación en el Gobierno municipal", razonó Pizarro.
Que pidan el acta
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, exigió al PSOE-A que solicite la dimisión "inmediata" de la concejal socialista María Miralles tras haber sido imputada en el caso 'Astapa'. Valderas indicó también que si la concejal se niega a renunciar al cargo y a abandonar su acta, el Gobierno municipal de Marbella debe situarla fuera del Grupo Socialista, "en situación de persona no adscrita".
En esta línea, el líder andaluz de IULV-CA aseguró que su formación solicita dicha dimisión en aras de impulsar el mayor nivel de claridad con la justicia y de "limpiar hasta el último rincón" del Ayuntamiento de Estepona.
Para ello, según dijo, es necesario que todas las fuerzas políticas arrimen el hombro "con claridad y sin dobleces". "Debemos adquirir el compromiso de recuperar el máximo nivel de transparencia en Estepona y de impulsar a este municipio puntero de la Costa del Sol, lejos de cualquier atisbo de opacidad o de corrupción urbanística", concluyó Valderas.
Actualmente, la corporación está integrada por siete no adscritos, cinco concejales del PP, uno de IU, una del PA, una de Estepona 2007 y siete del PSOE, a expensas de lo que suceda con María Miralles, que en caso de no renunciar a su acta, tras resultar imputada por el presunto delito de prevaricación, podría dejar a los socialistas con seis ediles y elevar a ocho el número de no adscritos.
Siguen las imputaciones
Mientras, la jueza instructora del caso 'Astapa', Isabel Conejo, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), mantiene la imputación a María González, madre del ex alcalde Antonio Barrientos, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, los mismos que mantuvo para un hermano del ex regidor, con iniciales M. A. B. G.
Asimismo, la instructora también tomó declaración esta mañana al abogado del área de disciplina urbanística, Sergio Fernández, para quien mantuvo la imputación por los presuntos delitos de falsedad y cohecho, según informaron fuentes judiciales. En ningún caso se adoptaron medidas cautelares.
Con estos, ya son 63 los imputados en el marco de esta operación, de los cuales 19 están en libertad bajo fianza, 40 en libertad sin fianza y cuatro permanecen en prisión, como son el ex alcalde, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina.
Al ex regidor, la instructora del caso también le imputó el pasado mes de junio los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al igual que hizo hoy con sus dos familiares; además de los de malversación y cohecho.
