El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado una prórroga para crear las zonas de bajas emisiones por falta de suministros, una circunstancias que a juicio del colectivo ciclista Ruedas Redondas, suena "a excusa".
Suena a excusa de mal estudiante pidiendo un aplazamiento del examen, un día antes de producirse el mismo, aduciendo que el perro se le ha comido parte de los apuntesHasta final de 2024, para ejecutar el contrato de implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) ante la contaminación de la movilidad urbana, es la petición municipal, petición, que ha justificado por "la falta de suministros ante la gran demanda de las ciudades obligadas a crearlas".
Fuentes municipales han informado este jueves a EFE de que el consistorio de la capital malagueña incluyó en su Plan de movilidad urbana sostenible, aprobado en junio de 2021, la necesidad de crear las ZBE y consideran que se cumple con la previsión de la ley al aprobar antes de 2023 ese plan, que incluye medidas para reducir las emisiones.
El Ayuntamiento adjudicó el contrato para la implantación de las ZBE el pasado 7 de octubre y está ejecutado al 80 por ciento, aseguran.
La concejala de Movilidad firmó el pasado 18 de septiembre una solicitud de modificación de plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque previsiblemente estará en funcionamiento sin necesidad de agotar ese plazo.
Aunque tal modificación está prevista en el artículo 21 de las bases reguladoras, que determinan que "puede autorizarse si se dan circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas", José Luis Martín, presidente e Ruedas Redondos señaló a Viva Málaga que "nos suena a excusa de mal estudiante pidiendo un aplazamiento del examen, un día antes de producirse el mismo, aduciendo que el perro se le ha comido parte de los apuntes".
Para Martín, "excusarse o apoyarse solo y exclusivamente en la electrónica como idea de implantación de la zona de baja de emisiones es un gran error", ya que a su juicio, "existen muchas otras formas de ejecutar el urbanismo táctico para reducir espacio a los coches en la zona de baja de misiones, sin necesidad de tanta costosa inversión en cámaras".
El representante del colectivo que defiende la movilidad sostenibleindicó que "tenemos la impresión que éstos a los que se le llena la boca hablando de las 'smart cities' nos toman por 'Sillys citizens' o 'Ciudadanos tontos'".
Martín concluyó que "una verdadera 'Smart city' o ciudad inteligente es la que mira por sus ciudadanos y no solo por los ciudadanos que se mueven en vehículo a motor contaminante".
Mientras tanto, el ayuntamiento explica que la solicitud de prórroga obedece a que, "debido a la situación actual de suministro de materiales, y ante la gran demanda de todas las ciudades obligadas a implementar la ZBE, existe un retraso en la recepción de componentes principales que integran la iluminación de las cámaras para la lectura de matrículas". Ello conlleva además "el retraso en las pruebas y ensayos pertinentes de la plataforma de software desarrollada y que gestionará la ZBE".
A eso se suma que los trabajos de obra civil previstos se han visto alterados -según explican- por "la necesidad de modificar y ampliar las instalaciones previamente existentes, cuyo uso y mejora son necesarios para la correcta implementación de las nuevas instalaciones de elementos de control de acceso y comunicación con el centro de procesamiento de datos".
Además, el desarrollo de los ficheros definitivos de datos necesarios de otros organismos, como la Dirección General de Tráfico, ha supuesto también un retraso en el desarrollo del software, ya que para diseñar la plataforma es necesario disponer de ellos.
Mientras tanto, la vicepresidenta tercera en funciones del Gobierno, Teresa Ribera, tildó esta semana de "ataque a la salud" la moratoria de otro Ayuntamiento, el de Badalona (Barcelona), sobre su zona de bajas emisiones y avisó de que es posible que el Ejecutivo le reclame los dos millones de euros que transfirió a ese consistorio para el proyecto.
