Los precios de la vivienda en la Bahía de Cádiz se han incrementado en los últimos doce meses de manera, un 8,3% en venta y un 5,95% en alquiler, según los datos del Portal Inmobiliario Idealista recogidos en el borrador de la Agenda Urbana 2030 redactado por la Diputación para este área funcional. El texto destaca que, de acuerdo a los datos segregados por municipios, lo más destacable es el coste en la capital, que supera en más de 700 euros el metro cuadrado a El Puerto y duplica a Jerez, con 2.780 euros. En materia de alquiler, Cádiz encabeza igualmente la lista con 10,6 euros por metro cuadrado, detectándose una ralentización en el incremento en relación con las localidades del entorno, cuyos precios tienden a igualarse.
El texto señala como una de las principales causas la turistificación, que afectan a la disponibilidad de suelo. “El término municipal de Cádiz se encuentra totalmente colmatado y con una capacidad de crecimiento prácticamente nula”, advierte.
Con todo, existe una importante demanda residencial pero las elevadas cifras de paro, con casi el 25% a principios de 2023, y el bajo índice de renta en la Bahía de Cádiz, con uno 10.000 euros per cápita, el acceso a la vivienda se antoja prácticamente imposible. En España, el 20% de las familias más pobres, con ingresos de menos de 1.200 euros mensuales, han de destinar el 39,6% de sus ingresos para pagar el alquiler, y hasta el 76,2% cuando están en el mercado libre. En esta zona, con las referidas cifras de paro y renta per cápita, la situación se ve agravada.
Además de que la Bahía de Cádiz cuenta con un reducido parque de viviendas sociales, hay que tener en cuenta, asimismo, la ocupación ilegal de las mismas. Según la Junta de Andalucía, de los 73.989 inmuebles que gestiona en el conjunto de la comunidad, 3.132 se encuentran ocupados de manera irregular. En la provincia, tras realizar 3.938 inspecciones, detectó 297 incidencias, 56 en Jerez y 27 en Cádiz, situándose como la cuarta andaluza con más pisos en esta situación. “Este fenómenos genera pérdidas económicas a las administraciones competentes y frena el dinamismo de la lista de espera en familias vulnerables inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda que han solicitador acceso a un alquiler social, concluye la institución provincial.
En cuanto a las medidas para facilitar el acceso, en términos generales asigna a la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía un papel trascendental, y valora los proyectos y programas de ayudas puestos en marcha desde el Gobierno autonómico para el fomento del alquiler, en colaboración con el Estado, o para la autoconstrucción de viviendas protegidas en régimen de construcción, subvenciones para el alquiler, la rehabilitación de viviendas, edificios y adecuación funcional básica, así como el de rehabilitación integral (ARI).
Entre las actuaciones llevadas a cabo, y que marcan el camino a seguir, indica la rehabilitación de ocho áreas de actuación en la provincia, con cargo a los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), con más de 28 millones, y que ha beneficiado a La Paz, en Cádiz; Cajas de ahorros Fermesa-San Pedro, en Chiclana; La Asunción, en Jerez; Los Milagros, en El Puerto; o Bazán, en San Fernando.
Los programas de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y para la Regeneración de Espacios Públicos Urbanos (Prepu) han promovido, igualmente, la rehabilitación de 27 viviendas en el Pilar, en Chiclana; y 144 en La Constancia, en Jerez. En cuanto a obra nueva, cabe destacar las 67 VPO de Matadero y 28 en Doctor Marañón, en Cádiz.
Las propuestas que pone sobre la mesa la Diputación para afrontar este problema hasta 2030 van más allá. Reclama, en primer lugar, el mantenimiento de inversiones para la rehabilitación de edificios de vivienda pública y privada, así como la implantación de planes municipales, pero también la realización de un estudio de definición de criterios para la rehabilitación sostenible de cierto barrios, centrada en la implantación de energías tenovables, mejoras de la habitabilidad o la accesibilidad. Considera, por otro lado, clave la colaboración institucional para la ejecución de políticas públicas en esta materia, en coordinación con el Estado, y la dotación de suelo y búsqueda de financiación para aumentar el parque público de viviendas por parte de las entidades locales y la Administración autonómica. Finalmente, urge a buscar y adoptar medidas innovadoras para promover la salida en alquiler de las viviendas deshabitadas, regenerar los centros históricos y revisar o redactar nuevos PGOU que contemplen la necesidad existente de nuevos desarrollos urbanos para la construcción de vivienda en los núcleos urbanos del área funcional.
No solo eso. La Diputación remarca, por último, que esta delicada coyuntura en la Bahía de Cádiz no podrá salvarse si no hay dotación de suelo para la promoción de viviendas en el mercado libre.
