La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro en la Comunidad de Madrid y una en Valencia, por supuestamente participar en el contrabando de un sistema antidrón valorado en dos millones de euros a Libia, país sometido a un estricto embargo internacional.
Los arrestados en Madrid son los directivos de una empresa tecnológica dedicada al suministro de material de Defensa y el quinto es un libio responsable de la organización paramilitar RADA-SDF, ha informado la Dirección General de la Policía.
Dos de ellos han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha dirigido la operación.
La investigación comenzó en 2020, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España del ciudadano libio, implicado en transacciones de drones con cámaras térmicas enviados a Libia para el uso de esta organización paramilitar.
De este modo estaba violando el embargo internacional impuesto al país norteafricano, que se encuentra en conflicto, e incurriendo en un delito de contrabando de género prohibido.
En una fase posterior de la denominada Operación Costrada, los investigadores comprobaron la participación de otros directivos de una empresa de abastecimiento de material de defensa de doble uso.
Presuntamente, participaron en la compraventa y posterior exportación ilegal de un sistema antidrón valorado en dos millones de euros con destino al aeropuerto de la capital libia, Trípoli, controlado por la milicia RADA-SDF.
Los agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Valencia detuvieron de forma simultánea a los presuntos contrabandistas la mañana del pasado jueves, cuatro en una localidad madrileña y otro en el aeropuerto de la capital valenciana.
También intervinieron numerosa documentación digital y material tecnológico relacionado con la investigación, coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional realizan labores de investigación en materia de contraproliferación, así como para la persecución de violaciones de derechos contra la comunidad internacional.
