La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de una investigación penal por delitos contra los recursos naturales y la hacienda pública que se habrían podido cometer a través de la extracción supuestamente ilícita de 6,6 hm3 de agua del río Bullent en las inmediaciones de la marjal de Pego-Oliva, en la Comunidad Valenciana.
En una resolución fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público acuerda remitir las actuaciones al fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, para el inicio de investigación penal, y estima el daño sobre el dominio público hidráulico en 11,8 millones de euros.
En otro escrito anterior, del martes 23 de enero, la Fiscalía acordó archivar las diligencias abiertas a raíz de la denuncia formulada por Acció Ecologista en el ámbito contencioso-admnistrativo, para tramitarla ahora en la jurisdicción penal, puesto que "las diligencias practicadas ponen de manifiesto supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente".
Según consta en el referido escrito de archivo (de la vía de lo contencioso para abrir la penal) la concesión administrativa para la extracción de agua la tiene otorgada el Ayuntamiento de Oliva (Valencia) como administración pública local, si bien la firma Aguas del Bullent actúa como su representante acreditada.
Esta firma se identifica y publicita como "la titular de la concesión administrativa de la instalación, conducción y distribución de agua potable en sus diferentes usos", si bien la Fiscalía expone que, tras las diligencias practicadas, esta firma "no ostenta titularidad alguna de ningún aprovechamiento regularizado, sino que consta como representante del Ayuntamiento de Oliva ante la Confederación Hidrográfica".
Aguas del Bullent pertenece al grupo empresarial CHG, dedicado mayoritariamente al sector servicios y a la promoción de viviendas, y gestiona el complejo Oliva Nova Golf Resort.
El Consistorio de Oliva otorgó a Aguas de Bullent en junio de 2008 una conexión a esta red con un volumen máximo anual de 440.000 m3.
Sin embargo, en la referida documentación de la Fiscalía se incluye un cuadro en el que esta firma informa sobre los caudales extraídos entre 2012 y 2021 y admite cifras anuales que oscilan entre los 977.820 y los 1.278.940 m3 anuales.
Además, las pesquisas de la Fiscalía han permitido averiguar que los puntos de captación "reales no se indican en las coordinadas indicadas en la concesión, sino en otros a menos de 500 metros de la fuente de Les Aigues, pese a la prohibición expresa".
En consecuencia, el Ministerio Público estima que el valor del daño ocasionado al dominio público hidráulico por la "extracción ilegal de agua" asciende a un total de 11,8 millones de euros.
Además, se exponen múltiples "efectos adversos" sobre el parque natural de la Marjal de Pego-Oliva, tanto en el ámbito ecológico y químico de las masas de agua como sobre la conservación de determinados hábitats o especies, motivo por el cual se abre la vía penal para la investigación de posibles delitos ecológicos y contra la hacienda pública.
