El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València ha reconocido el derecho de una profesional de una categoría a extinguir a percibir el salario de la plaza donde ha sido reubicada y presta sus servicios de forma efectiva, que es de superior categoría. Se trata de una mujer que trabajaba en la lavandería de un hospital y, tras cerrar el servicio, fue reubicada a Administración.
Así se desprende de la sentencia, facilitada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato que demandó a la Conselleria de Sanidad para que abonara las diferencias entre la categoría de lavandera y la de profesional de administrativo de este caso concreto, ya que la demandante fue adscrita al área de gestión económica en un centro sanitario.
Según CSIF, tras cerrarse el servicio de lavandería del hospital en la que trabajaba la demandante y pasar la actividad a ser desempeñada por una empresa externa, sus trabajadores pasaron a realizar otras funciones en el centro.
En el caso de la afectada, fue asignada al servicio de atención e información al paciente en tareas de apoyo administrativo. El sindicato ha apuntado que la afectada pidió percibir la remuneración propia de esa categoría, a lo que Conselleria se opuso por falta de titulación.
Sin embargo, el juez, tras valorar el caso, considera que "ello no fue obstáculo para que se asignara a la trabajadora unas funciones de superior categoría, lo que produjo una desviación entre la categoría de pertenencia y las funciones desarrolladas".
Así, el juzgado ha reconocido el derecho de la recurrente a percibir las diferencias que pudieran existir entre la categoría profesional de auxiliar administrativo y la de lavandera desde la fecha de su adscripción.
CSIF considera que este caso constituye un "ejemplo" de una situación "en la que se ven inmersos numerosos profesionales de categorías a extinguir, como la de lavandería o la de pinche, en muchos casos por la externalización de la labor". La central sindical ha pedido que sea la propia Administración la que resuelva estas situaciones "sin necesidad de acudir al juzgado" y ha insistido en la premisa de que "las funciones y la responsabilidad deben retribuirse como corresponde".
