El Registro valenciano de Fundaciones ha admitido la inscripción de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados, una decisión que la Generalitat defiende dentro de la libertad de asociación, pero que la oposición censura.
El cruce de acusaciones se produce después de conocerse la resolución de la Conselleria de Justicia, que gestiona Vox, por la que se acuerda la inscripción de esta fundación destinada a proteger a los hombres "víctimas de malos tratos en sus relaciones con sus parejas, mujeres", según el texto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comentado en su perfil de X la noticia: "La violencia de género es estructural y se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Es un tipo de violencia no equiparable con ningún otra".
La violencia de género es estructural y se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Es un tipo de violencia no equiparable con ningún otra. Nuestra obligación es trabajar para erradicarla, no asumir postulados negacionistas que pisotean los derechos de las mujeres https://t.co/AQQE1PN8Ds
— Ana Redondo (@_anaredondo_) May 7, 2024
"Nuestra obligación es trabajar para erradicarla, no asumir postulados negacionistas que pisotean los derechos de las mujeres", subraya.
Críticas de la oposición en el Parlamento valenciano
Los grupos del PSPV y de Compromís en el parlamento valenciano han pedido ya que se revoque esa inscripción, mientras los grupos que sustentan al gobierno regional (PP y Vox) han defendido la libertad de asociación siempre que se cumplan los requisitos legales para inscribirse como tal.
El portavoz parlamentario socialista, José Muñoz, ha lamentado que la Comunitat Valenciana será "la primera autonomía en la que las mujeres víctimas de violencia de género compitan para acceder a subvenciones públicas con una asociación mal llamada de hombres maltratados", lo que es una "aberración". El PSPV presentará una iniciativa para que esta entidad no pueda recibir ayudas públicas.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado que el Ejecutivo del PP y Vox esté entrando en "una deriva muy peligrosa" con decisiones como esta o con la de evitar a referencia a la violencia machista en la pancarta de Les Corts cada vez que se hace una concentración por un crimen machista.
Pero el portavoz del PP, Miguel Barrachina, no cree que deban ser los políticos quienes decidan "si la gente debe asociarse o no" y ha opinado que el proceso de registro de las fundaciones está reglado y es "automático" si se cumplen los requisitos.
Preguntado sobre si le preocupa que esta fundación pueda acceder a las ayudas que se dan sobre violencia de género, ha indicado que no conoce a esta fundación, pero sí que sabe que las mujeres en la Comunitat Valenciana "disfrutan de un Gobierno que las va a defender siempre".
José María Llanos, de Vox, ha indicado que las fundaciones y asociaciones tienen que cumplir con la legislación vigente para ser registradas y que no se puede inscribir ninguna que vulnere o pretenda conculcar los derechos vigentes.
"El maltrato existe sobre todas las personas", ha afirmado Llanos, quien ha añadido que hay "más maltrato sobre las mujeres", como evidencian las estadísticas, pero también hay hombres maltratados, si bien no le corresponde decidir si hace falta una fundación sobre esta cuestión.
La Generalitat defiende el registro de la asociación
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido el derecho de asociación "para todo el mundo" porque "ahí está la democracia", y ha añadido: "Si mañana hay una asociación, por ejemplo, a favor del ascenso del Hércules" y cumple los requisitos, "también se inscribirá".
En relación con la citada fundación, Mazón ha dicho que entiende que sus promotores "habrán considerado que es necesario hacer esa defensa de esos valores".
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha defendido que hay que garantizar que "cualquier asociación que reúna los requisitos legales pueda ser inscrita" porque es un derecho constitucional y recogido en la Ley de fundaciones de la Comunitat.
Camarero ha señalado que no va entrar a valorar el contenido y validez de cada una de las fundaciones inscritas en este registro, y ha informado de que lo único que hace el Consell es "dar trámite" a estas inscripciones si se cumple con los requisitos.