El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes por unanimidad, en el pleno ordinario de mayo, suspender la tramitación y concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad durante un año prorrogable a otro.
La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, anunció el pasado viernes la decisión de su equipo de plantear esta moratoria y de llevarla, por despacho extraordinario, a la sesión plenaria de esta jornada. En esta convocatoria, la propuesta impulsada por el gobierno municipal ha recibido el visto bueno de todos los partidos que conforman la corporación, el PP y Vox en el gobierno y Compromís y PSPV-PSOE en la oposición.
La suspensión afectará a los alojamientos temporales situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales y no a los edificios completos de apartamentos turísticos, cuya actividades es equiparables a la de un hotel. La medida se extenderá a toda la ciudad --El Cabanyal ya tiene actualmente su propia regulación y en Ciutat Vella este tipo de licencias está suspendido ya--, más allá del ámbito considerado "ciudad central", de modo que llegará las pedanías: El Palmar, El Saler y El Perellonet, Benimàmet, Carpesa, Poble Nou, y La Punta.
De la medida se excluyen los sectores urbanos o urbanizables cuyo uso global o dominante sea el terciario o el industrial; los terrenos clasificados como suelo urbano cuyo uso global o dominante sea el residencial fuera del ámbito de la ciudad central en los que la incidencia de real de las viviendas turísticas y demás usos terciario se considera nula o escasa --se precisa que son los barrios que no se incluyen en la mención anterior--.
También quedan excluidos de la suspensión los inmuebles que tengan asignado uso terciario exclusivo por el planteamiento vigente; los hoteles o bloques de apartamentos turísticos enteros; y los que cuenten con licencia o declaración responsable que autorice el uso terciario en planta primera siempre que dispongan o puedan disponer de acceso independiente desde la vía pública.
La moratoria acordada se extiende a la eficacia de las declaraciones responsables para nuevos apartamentos turísticos que s se presenten a partir del día de la publicación de esta medida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pero no afectará a los proyectos ya presentados antes.
Asimismo, la moción aprobada se plantea seguir adelante con el Plan de Inspecciones de viviendas turísticos ya iniciado, "incidiendo especialmente" en "aquellas ubicadas en planta baja".
El texto reconoce el impacto económico que genera el turismo en la ciudad, pero advierte de que "el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda amenaza con romper el equilibrio que garantiza que Valencia sea una ciudad para vivir con un entorno urbano de calidad" y en ese sentido pone como ejemplo de ciudad turistificada a Venecia, "donde la práctica totalidad del espacio ha sido ocupado por los turistas". Por ello, aborda conceptos como la gentrificación de los barrios y la turistificación, así como la alta rentabilidad de las viviendas turísticas frente al alquiler convencional.
Durante el debate de esta propuesta la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha criticado "la descortesía" del gobierno por pasar antes la moción a medios de comunicación que a los grupos municipales y ha señalado que se debería haber debatido en la Comisión de Urbanismo, en las Juntas Municipales y de Distrito y en el propio pleno.
Además, ha apuntado que es una moratoria que llega "tarde", tras más de 3.500 apartamentos turísticos ilegales este año, y coja". Gómez ha expuesto el anterior ejecutivo --PSPV y Compromís-- dejó la moratoria "preparada y acordada" y ha lamentado que el actual la haya dejado "un año en un cajón" y que la apruebe ahora porque "se ha visto engullido por un estado social de alarma frente a una crisis de alquiler residencial y de presión turística que todo el mundo rechaza en esta ciudad".
La portavoz del PSPV ha apuntado que el PP "no empezó a virar" hasta que Madrid aprobó una moratoria. Pese a todo, ha señalado, "estamos contentos con que vayan a aprobarla" en Valencia.
Del mismo modo, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que da "un voto de confianza" al equipo de gobierno a pesar de las formas porque esta moratoria "le hace falta a la gente que está ahí afuera". No obstante, ha lamentado que cuando su grupo defendió una generalizada el PP le reprochó que "tenía turismofobia, que iba en contra del crecimiento económico" y que esa "era una medida comunista".
"Cómo van a explicar a su socios de Vox que van a regular los apartamentos turísticos en la ciudad. ¿Dónde queda la libertad, ah, no, que hoy a la derechita la libertad se les ha olvidado", ha ironizado Robles dirigiéndose al PP. La representante de Compromís ha añadido que la moción aprobada es la prueba de que lo que defendía Compromís era "legal, posible y de que ni turismofobia ni leches".
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha replicado a la oposición que "los únicos" que han puesto "el cascabel al gato" en este asunto han sido los miembros del gobierno actual. A preguntado a la oposición: "si tan claro lo tenían por qué no lo hicieron" antes, en su mandato. "Viendo sus reacciones de estos dos días, podemos sacar la conclusión, sin miedo a equivocarnos, de que ustedes en este tema han fallado a la ciudadanía, a los vecinos de Valencia" y "han creado un problema de convivencia y una enorme inseguridad jurídica al sector", ha recriminado.
Por contra, Giner ha destacado que en los meses que han pasado de 2024 se ha incrementado un 900% las inspecciones respecto del mismo periodo del año anterior y que con esta suspensión de licencias por un año "se dota a Valencia de una regulación sobre el uso turístico que pone en primer lugar a los vecinos y la convivencia, que incentiva el uso de la vivienda residencial y que establece una firme seguridad jurídica y unas reglas del juego claras para todos los operadores". "Este es nuestro propósito y estos son nuestros hechos", ha apostillado.
