La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado procesar también a los dos dueños de una funeraria -además de a dos empleados que ya estaban investigados- por participar en una supuesta operativa ilegal para la venta ilícita de cuerpos a varias universidades.
La Sala estima el recurso interpuesto por la Fiscalía, que abogó por la imputación de estas dos personas en contra del juez instructor y que sostiene que esta práctica pudo ser habitual.
En consecuencia, según consta en un auto al que ha tenido acceso EFE, se acuerda tomarles declaración en calidad de investigados.
El Juzgado de Instrucción número 1 de València tiene dos causas abiertas sobre este mismo asunto, una primera relativa únicamente a las supuestas irregularidades en la venta de un cadáver y otra por un supuesto entramado criminal sobre esta misma operativa del cual informó la Policía Nacional el pasado mes de enero.
La decisión de la Audiencia Provincial que se ha conocido este martes está relacionada con la primera de las causas, concretamente con la venta del cuerpo de un hombre fallecido en La Fe a una universidad.
El juez instructor que el posible delito de falsedad (ante el Registro Civil) en el que se pudo incurrir fue cometido únicamente por los empleados de la funeraria, algo de lo que discrepó el fiscal, que considera que la "implicación, conocimiento y capacidad de decisión" de los dueños de la funeraria es innegable.
Los dos empleados y los dos dueños, de entre 41 y 74 años, fueron detenidos el pasado mes de enero y dejados en libertad tras declarar.
La Policía Nacional sospecha que llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.
Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.
La investigación comenzó a principios de 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad, según la Policía.
