La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, y a su socio los delitos de estafa agravada y continuado de falsedad en documento mercantil, y pide al juzgado que inicie para esta causa la fase de procedimiento abreviado, previa al juicio oral.
En un escrito de 50 folios dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València firmado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía no considera, no obstante, constitutivos del delito del fraude de subvenciones algunos hechos atribuidos a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover que, si bien suponen indicios de ello, como cantidades percibidas indebidamente, no superan los 120.000 euros y, conforme a la normativa penal aplicable, no suponen un delito sino una infracción administrativa.
En el texto, la fiscal, quien avanza que detallará más ampliamente los hechos más adelante, apunta además que procede ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a la Catalana en caso de que la instructora acepte la calificación del Ministerio Público, hecho que constaría un perjuicio económico para ambas administraciones.
La investigación judicial partió de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario y socio del anterior Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.
En concreto se investigan, entre otros, subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local, en unas ayudas que se habrían dado entre 2015 y 2018.
Estimando los recursos presentados por los investigados, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el 18 de abril de 2023 poner fin a la instrucción abierta por estos hechos, una vez finalizara la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción.
El 25 de marzo de este año, el equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil remitió al juzgado instructor un informe -el último que ha salido a la luz- en el que se apuntaban varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.
