La Coordinadora Feminista de la Provincia de Cádiz ha expresado su rechazo a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Jerez se una a la Red de municipios libres de prostitución, ya que entre otras cosas considera que las medidas que anuncian la erradicación de estas prácticas “solo aumentan la precariedad y los riesgos de quienes encuentran en el trabajo sexual una forma de subsistencia”.
Así, la coordinadora entiende que esta propuesta acabaría reducida a una ordenanza municipal que, “con la excusa de perseguir los casos de trata y explotación sexual, supondría una vulneración más de los derechos de las personas que ejercen la prostitución, creando un clima de inseguridad y desconfianza hacia la policía”.
“Estas ordenanzas municipales que buscan perseguir la prostitución con la retórica de proteger a las mujeres y sus derechos, se han revelado en la práctica como inútiles”, sostiene la organización. Así, explican que “en ciudades que las tienen en vigor, ha quedado demostrado que solo sirven para empeorar la vida de quienes ejercen la prostitución y de las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.
El colectivo se ampara en estudios realizados por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desde el año 2018 analiza las consecuencias de estas ordenanzas en la vida de quienes ejercen la prostitución o en las aportaciones de María Luisa Maqueda “sobre cómo la criminalización profundiza en el estigma situándolas en el nivel más inferior de la jerarquía sexual”.
La coordinadora sostiene que aunque inicialmente se pretenda perseguir a los clientes o a dueños de clubes y pisos, “al final acaba criminalizándose todo el contexto que rodea el ejercicio de la prostitución y esto tiene graves consecuencias”.
De hecho, “al hacerse clandestino, las personas que ejercen las prostitución (en su mayoría mujeres) tienen que acudir a lugares más apartados y solitarios, tienen más dificultades para pedir ayuda, y sufren mayor coacción de clientes con la excusa de exponerse al peligro de las multas y otras violencias”.
Según el colectivo, “la criminalización lleva a estas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, por lo que acaban denunciando menos las violencias vividas, incluida la sexual, por miedo al acoso o a perder su fuente de ingresos”.
La coordinadora recuerda que “para muchas personas, especialmente mujeres empobrecidas, migrantes y mujeres trans, la prostitución es una fuente de ingresos ocasional o principal, a pesar del estigma social que conlleva”, basándose para ello en un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Por ello, la organización insta al Ayuntamiento de Jerez y a todas las instituciones a adoptar “un enfoque que se centre en las víctimas y los derechos humanos”, como instan diferentes organismos internacionales como ONU y ONUSIDA. “Tenemos que poner en el centro a las víctimas de trata y explotación sexual, y a las personas que ejercen la prostitución. Estos organismos internacionales señalan algunas medidas para evitar la vulneración de derechos de quienes realizan trabajo sexual, como asegurar el ejercicio seguro del mismo y paliar la violencia derivada de la criminalización; favorecer la denuncia de la violencia que puedan recibir para contrarrestar la indefensión y clandestinidad; asegurar el acceso a los servicios de salud física, sexual y mental; fomentar alternativas laborales a quien lo desee, o paliar la vulnerabilidad múltiple que se da en personas en situación de migración irregular o pertenecientes al colectivo LGTBIQ+”.
