El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que su ejecutivo está dispuesto a "dialogar" con el Gobierno central sobre la ley valenciana de Concordia, que sustituyó a la de Memoria Democrática, y estarán "encantados" de explicales la norma que amplía y consolida derechos.
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en el día en el que acaba el plazo dado por el Ministerio de Política Territorial a la Generalitat Valenciana para comunicar si acepta o no la propuesta de iniciar un proceso de negociación sobre la ley valenciana de Concordia en la comisión bilateral entre ambas administraciones.
"Cuando uno hace las cosas tiene que estar dispuesto a explicarlas, porque a lo mejor hay gente que no lo ha entendido bien, o a lo mejor hay gente que no lo ha querido entender bien", ha afirmado Mazón, quien ha afirmado que "seguro" que el Gobierno de España hace este planteamiento "con la mejor intención del mundo".
Ha hecho hincapié en que "seguro" que la postura del Gobierno de España en torno a esta ley valenciana se hace "de buena fe, sin buscar ningún tipo de rédito político" y "sin ánimo de inmiscuirse" en el autogobierno ni en la "plena capacidad legislativa" de Les Corts Valencianes que avala el Estatut d'Autonomia.
"Como seguro que no es por ese motivo, estaremos encantados de volverles a decir que la consolidación de los derechos adquiridos, que el blindaje del tratamiento adecuado a todas las víctimas del franquismo, es perfectamente compatible con ampliar derechos a otras víctimas de violencia política", ha aseverado.
El president ha afirmado que cuando se desarrollan, amplía, blindan y consolidan derechos "es lo mejor para la convivencia", y por tanto estarán "encantados" de explicarlo.
Preguntado sobre si el ejecutivo valenciano no tiene intención de introducir cambios en la ley de Concordia pese a lo que diga el Gobierno de España, Mazón ha reiterado que cree que el Gobierno lo plantea "de buena fe", y por ello estará "dispuesto a escuchar y a entrar en razón respecto al blindaje de los derechos ya existentes" y la ampliación a otros.
Mazón ha insistido en que está "muy convencido" de las cosas que hace y ha explicado que si Miguel Ángel Blanco "hubiera nacido en Castellón, con la ley anterior no hubiera sido declarado víctima de violencia política, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos; con esta ley, sí".
La ley valenciana de Concordia, impulsada y aprobada por el PP y Vox mientras aún eran socios -se aprobó en Les Corts Valencianes el 11 de julio, solo unas horas antes de que Vox saliera de los gobiernos autonómicos-, permitió derogar la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 y sustituirla por otra norma.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había adelantado que si la Generalitat Valenciana no aceptaba la comisión bilateral y no quería sentarse a intentar resolver las discrepancias en torno a esta norma, la recurrirían al Tribunal Constitucional.
