Un exgerente del 'holding' empresarial Avialsa ha ratificado en el juicio la existencia de un 'cártel del fuego' de empresas que se hacían con los contratos de aviones para extinguir incendios forestales en toda España mediante el soborno a funcionarios y autoridades, como el exconsejero valenciano del PP Serafín Castellano.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio a Serafín Castellano y otros 15 acusados en esta causa, entre ellos Francisco Antonio A.E., gerente de Avialsa entre 2006 y 2012 que destapó esta trama con la denuncia que presentó en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción.
Francisco Antonio A.E. ha confirmado que desde antes del año 2000 un grupo de empresas, entre ellas Avialsa, propiedad del acusado Vicente Huerta, crearon un grupo para pactar los precios y repartirse el mercado llevando a cabo sobornos en todas las autonomías, en concreto en relación con esta causa la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Ha relatado que Vicente Huerta hablaba con asiduidad con Serafín Castellano y se veían en comidas y cacerías a las que el primero invitaba al entonces consejero. "Ellos hablaban, Huerta le pedía a Castellano lo que le interesaba y se lo concedía", ha indicado Francisco Antonio A.E..
El fiscal le ha preguntado si tuvo conocimiento de que el ya fallecido Pedro Hidalgo, que fue director general de Interior en la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana, realizó el visado indebido de unas facturas que superaban los 800.000 euros.
"En aquel momento Huerta transmitió que era legal, que lo acordó con Hidalgo y que darían el visto bueno a esas facturas en la Generalitat", ha contestado Francisco Antonio A.E..
Igualmente el fiscal le ha interrogado en relación con otros "904.000 euros de presunto enriquecimiento injusto que se habría pactado entre Hidalgo y Castellano durante una de sus cacerías".
"Esos temas los hablaban cuando consideraban y tras alguna cacería Huerta comentó en el coche al volver que había conseguido lo que quería, que se lo había aceptado", ha respondido.
Sobre si se produjeron entregas en metálico a Serafín Castellano ha recordado que este "quería ir el siguiente fin de semana a una cacería y dinero para pagarla, ante lo que Huerta se enfadó y comentó: 'no tiene bastante con todo lo que le invito que ahora también quiere que le paguemos las cacerías a las que va él solo'".
Francisco A.E. ha asegurado que él no firmó ningún contrato de adjudicación, ya que se encargaba Vicente Huerta, y que no participó en la falsedad documental en relación con facturas.
El fiscal pide un año y cuatro meses de prisión para Francisco Antonio A.E., cuyo abogado ha pedido que se le aplique la excusa absolutoria prevista para colaboradores con la justicia ya que gracias a su denuncia, con la aportación de 500 documentos, fue desarticulado este "cártel secreto".
Serafín Castellano, que ocupó las consellerías de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, fue delegado del Gobierno en Valencia y dirigente del PP valenciano y es uno de los 12 acusados que pactaron al comienzo del juicio con la Fiscalía Anticorrupción penas reducidas a cambio de su confesión.
De esta forma, Castellano, para quien el fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión, aceptó una pena de dos años y siete meses de cárcel.
Por su parte, Vicente Huerta aceptó tres años y cinco meses de cárcel frente a los 25 años que pedía inicialmente el fiscal.
Este lunes ha declarado también Vicente B.C., excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana, para quien el fiscal pide 11 años de inhabilitación, que ha negado que diera trato privilegiado a Vicente Huerta o a otros adjudicatarios para favorecerles.
Igualmente ha prestado declaración Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña, para quien el fiscal pide dos años de inhabilitación.
Manuel B.S. ha negado que facilitara a Huerta información de pliegos antes de que se licitaran y ha asegurado que nunca recibió regalos del empresario y que la contratación la llevaba la Subdirección General de Gestión Económica.
