La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha presentado este lunes una demanda de conciliación para que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón) y diputado en las Cortes Valencianas, Jesús Albiol, rectifique sus acusaciones tras calificarles de "barco de negreros" y "cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas".
El Aita Mari es un pesquero que fue reconvertido en navío de rescate para personas refugiadas que se lanzan al mar Mediterráneo huyendo de las guerras, el hambre y la miseria, ha informado la ONG en un comunicado.
Durante los últimos años, estas embarcaciones humanitarias habían encontrado en los puertos de Burriana y Vinaròs, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento.
Sin embargo, el actual Gobierno valenciano, dirigido por el PP, "decidió acatar una imposición de Vox de reclamar las tasas portuarias de los últimos cuatro años, que ascienden a 63.000 euros, lo que en la práctica puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat Valenciana", según la Asociación de Salvamento Marítimo.
Fruto de esa decisión, el diputado de Vox Jesús Albiol lanzó las mencionadas acusaciones en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales, según el comunicado, por lo que la ONG y el capitán del Aita Mari han decidido presentar este acto de conciliación contra el honor de la propia entidad y de los tripulantes del Aita Mari. Una demanda que hace extensiva al partido de Vox en Burriana.
La vicepresidenta de la oenegé, Amia Iguaran, ha advertido de que los partidos de extrema derecha "buscan obstaculizar la ayuda humanitaria" y emplean una "retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor".
Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas, con un número en ascenso de los rescates, "una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados", ha lamentado Iguaran.
Ninguna condena
La responsable de la entidad humanitaria ha explicado que a pesar de las "exhaustivas investigaciones" a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, "nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria".
La asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y negar el auxilio en alta mar o dificultarlo mediante el abuso de medidas administrativas "es un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que tarde o temprano hay que responder", según la nota.
Iguaran ha destacado que en la decisión de presentar esta demanda de conciliación acudieron a la abogada y exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra para que les asistiera como letrada en este caso "ya que, además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat, la que propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Burriana y Vinaròs".
