En un entrevista con Efe, Montalbán hace una radiografía de la situación actual de la lucha contra la violencia machista y destaca como “fundamental” fortalecer a la víctima con más información y más apoyo para que se sienta “más segura” y decida denunciar a su maltratador siendo consciente de lo que le espera.
Las víctimas deben conocer de antemano cómo es el proceso penal, qué fases va a tener, qué medidas van a solicitar “para no crear falsas expectativas porque el proceso sólo puede imponer penas, fijar indemnizaciones y otorgar protección”, opina la presidenta del Observatorio.
En este sentido, apunta que son los servicios sociales los que tienen que fortalecer psicológicamente a las mujeres maltratadas para que afronten el proceso penal con fuerza y sean capaces de comenzar una nueva vida.
A pesar de que en el primer trimestre del año, las renuncias a seguir con el proceso penal de malos tratos han descendido un 3,6 por ciento, Montalbán quiere hacer hincapié en que la retirada de la denuncia es un “obstáculo” y que resulta en sentencias absolutorias en la mayoría de los casos.
Precisamente, las denuncias por malos tratos han aumentado un 3 por ciento de enero a marzo, un dato que destaca “como positivo”, al igual que la concesión del 68 por ciento de las órdenes de protección que solicitaron las víctimas en el mismo periodo.
“Se está protegiendo de manera eficaz a las víctimas”, dice.
Sin embargo, Montalbán recuerda que la mayoría de las asesinadas por violencia machista no había denunciado a su agresor y por eso insiste en la necesidad de intensificar las campañas de información en torno a los malos tratos.
Los familiares y amigos de las mujeres juegan un papel “clave”, son ellos los primeros que pueden darse cuenta de la violencia y los que las pueden ayudar y animar a que denuncien a sus agresores.
Montalbán reivindica un nuevo modelo de agrupamiento de partidos judiciales para que en aquellos lugares donde haya una buena comunicación y buen transporte público se establezcan juzgados exclusivos de violencia de género, que cuenten con personal especializado para atender a las víctimas “en un radio de acción más amplio”.
“No tiene sentido que un juzgado que esté limítrofe a Madrid no disponga de un equipo psicosocial, ni disponga de un fiscal, ni de un forense cuando resulta que a 20 minutos, se puede prestar este servicio”, explica.
