El alcalde, Bruno García, suele echar mano del tópico “dato mata relato” cuando aporta cifras para zanjar un debate o justificar decisiones del equipo de Gobierno. La última vez que, públicamente, lo hizo fue este miércoles pasado, durante su intervención en el Pleno Extraordinario de vivienda, para reiterar, una vez más, que casi la mitad de los demandantes de un piso público quiere ser propietario. La idea no es nueva. Ni tan siquiera la puso en circulación el primer edil. La delegada de Vivienda, Ana Sanjuán, aludió a los números que maneja Procasa, empresa municipal que preside, al respecto, para sostener que las promociones en marcha primarán el alquiler asequible (no en vano, este es el régimen del 83% de los 106 inmuebles en proyecto y con financiación garantizada por parte del Ayuntamiento), pero también se reservarán para la venta. El guarismo también sirve a Sanjuán y el alcalde para justificar la operación en San Juan Bosco, ofreciendo a los inquilinos que se hagan con las casas.
PSOE y Adelante Izquierda Gaditana cuestionan, sin embargo, la premisa. Para ello, esgrimen las cifras aportadas por Procasa, las mismas que utiliza el primer edil. Y apuntan las dos primeras líneas del desglose de las preferencias de los 6.203 demandantes de vivienda protegida a 16 de diciembre: 1.159 quieren solo una en alquiler; 336, solo una en compra.
El resto de números del documento son los que dan lugar a una interpretación radicalmente diferente entre ambos bloques políticos, lo sumen a su favor o no, dado que hay 191 demandantes de vivienda en alquiler con opción a compra; 1.992, en compra, alquiler o alquiler con opción a compra; 839, en compra o alquiler con opción a compra; 1.651, en alquiler o alquiler con opción a compra; 35, en compra o alquiler. En cualquier caso, los inscritos, de un modo u otro, quieren un piso, como sea, sin que este equipo de Gobierno y los anteriores, tengan capacidad para dar respuesta.
