Los “infractores” de leyes injustas raramente se libran de un castigo injusto. Los poderes públicos y quienes se sienten beneficiados (y beneficiadas) por esa temporalidad, los responsables defensores y custodios de leyes injustas, son quienes deberían responder de su actuación, en vez de aumentar el número de mártires.
Ya sólo falta que condenen al Juez Calatayud, por cambiar represión por sentencias ejemplarizantes. Los acérrimos defensores de la legalidad última, deberían recordar que los ayuntamientos vienen forzando la ley al límite -por no decir violándola-, con decretos como los de la O.R.A. o la circulación de bicicletas por las aceras, entre otros, claramente ilegales desde el momento de su implantación –sordera a las sentencias judiciales incluida- hasta su posterior regularización por el Gobierno con una nueva Ley. Si se puede legislar y decretar para regularizar la irregularidad de ciertos ayuntamientos, con más motivo debe hacerse en beneficio del ciudadano, cuyo voto y cotización mantiene a unos y a otros.
Una Ley de igualdad no le costaría el puesto a la Juez de Murcia, -por cierto: mujer- por haber dicho lo tan políticamente incorrecto como sabido: que hay quienes aprovechan en beneficio de su particular egoísmo, unas leyes gratuitamente llamadas “de igualdad”.
O dejaría en su sitio al Juez Serrano, quien bastante tiene ya con buscar un imposible equilibrio en esas leyes basadas en la desigualdad. La superioridad materna queda reconocida cuando su derecho se considera superior al paterno. Un niño puede quedar desamparado mientras su madre cumple cárcel por arrearle un bofetón. Pero no puede decidir que quiere salir de nazareno, o ir de acampada, o al cine, que al caso vendría igual. Una cosa es que el niño esté bajo tutela compartida, y otra que, en diferencia de criterios, prime el de una parte, que -¿casualmente?- casi siempre es la misma. Por no decir siempre. Sin embargo, no se tiene en cuenta al niño, que, aunque sea varón, como es el caso, antes que nada es niño. No es cuestión de sexo: hay más mujeres que hombres apoyando a Serrano. Sin entrar en la dialéctica entre el partidista TSJA y la Audiencia, es evidente que el procesamiento del Juez es parte de una política discriminatoria, en el fondo necesitada del detestable mal trato a mujeres, para apoyarse en él y así justificar una acendrada discriminación como la que se está practicando, perversamente opuesta a la igualdad que pregona.
