Dos organismos, la Dirección General de Carreteras y la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependientes del mismo ministerio (el de Transportes), han entrado en conflicto a cuenta del proyecto de la primera del trazado del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Palomares y Coria del Río. Y no es por el hecho de que el puerto vaya a ser una de las entidades más afectadas por las expropiaciones para ejecutarlo: 29,85 ha de las 143 que habrá que ocupar. La pugna se ha desatado por una parcela que Carreteras considera exterior al puerto y que la Autoridad Portuaria quiere retener en su ámbito para futuros desarrollos portuarios.
El suelo en conflicto está delimitado por el rio Guadaira, la autovía y la carretera actual de acceso a la base militar de El Copero. La Dirección General de Carreteras planteó la posibilidad de que se integre en el corredor verde de la SE-40 o albergue su centro de conservación, habida cuenta de que lo considera exterior a la zona portuaria.
La respuesta de Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, fue que ese suelo pertenece al dominio público portuario, está incluido en su zona de servicio y se integra en los espacios de reserva que garantizan la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria, por lo que no prevé su desafectación o mutación demanial, al estimar necesario su mantenimiento en la zona de servicio.
La reacción de Carreteras ha consistido en tirar de archivos y recordar que hace veinte años (2005), el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, firmó un acta de adscripción a esta última de unos terrenos sitos en el paraje de El Copero (Dos Hermanas), con una superficie de 399.481 m2.
Estaban destinados a la plantación de tarajes prescritos en la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de actuaciones de mejora en los accesos marítimos al puerto y formaban parte de una finca propiedad del Estado con una superficie registral de 2.340.125 m2, de la que se practicaron diversas segregaciones en beneficio de Defensa (base aérea de El Copero) y del Ayuntamiento de Sevilla, y para el nuevo cauce del río Guadaira.
En el caso del puerto, dos años después se firmó otra acta de adscripción, de seis parcelas, con una superficie total de 1.203.359,02 m2. En las mismas se indicaba que esos suelos -solicitados por la Autoridad Portuaria para el enlace con la SE-40, viales de la nueva esclusa y ampliación de la dársena del Cuarto- conservarían su calificación jurídica originaria y se usarían exclusivamente para el cumplimiento de los fines especificados.
Además, los terrenos se adscribieron al puerto cuando los estudios informativos que establecieron el trazado de la autovía habían sido ya aprobados.
La Dirección General de Carreteras entiende que la autovía SE-40 comprende no sólo las calzadas, definidas en el proyecto de trazado, sino también sus elementos funcionales necesarios: centro de conservación, enlace de El Copero o el corredor verde como medida de restauración ambiental; todo ello está comprendido en la propia autovía, y así queda definido en el proyecto de trazado que desarrolla el Anteproyecto A0-SE-0010 y su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
De acuerdo a los puntos anteriores, Carreteras cree que los suelos patrimoniales adscritos a la Autoridad Portuaria de Sevilla pueden usarse para el establecimiento de la autovía SE-40 y del enlace que da acceso al puerto, ya que éste era el fin de la adscripción. Similar consideración le merecen los suelos que de igual titularidad se requieran para la ejecución de medidas de restauración ambiental para las obras de la autovía SE-40, conforme a lo requerido por la D.I.A.
La conclusión del diferendo entre ambos organismos es que los suelos adscritos hace una veintena de años a la Autoridad Portuaria de Sevilla deberán quedar adscritos ahora no al dominio público portuario, como pretende Rafael Carmona, sino al dominio público viario, de titularidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y cuya gestión corresponderá a la Dirección General de Carreteras para la ejecución de las obras de la SE-40.
Por ello se procederá la tramitación de una mutación demanial, siendo posible también un cambio de adscripción, previa desadscripción, dado el estado y naturaleza de esos suelos, que no tienen uso o utilidad portuaria, y el final de la adscripción de los mismos a la Autoridad Portuaria de Sevilla, conforme a la legislación vigente.
EXPROPIACIONES
Para la correcta ejecución de las obras del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Palomares y Coria del Río se definen tres tipos de afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación temporal.
Los terrenos de titularidad pública no se expropiarán (ni temporal ni definitivamente), no siendo objeto por tanto de valoración económica para expropiación, servidumbre u ocupación temporal, si bien se cuantifica la superficie de afección para solicitar autorización de ocupación al respectivo organismo.
De la misma forma, la vialidad existente correspondiente a dominio público no se expropiará (ni temporal ni definitivamente), no siendo objeto por tanto de valoración económica para expropiación, servidumbre u ocupación temporal.
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios expuestos afecta a una superficie de 1.674.370 m2 (167,43 hectáreas), de los cuales 1.387.605 m2 (82,87%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural, y 2.911 m2 (0,17%) como suelo urbanizado. De los restantes, 283.853 m2 (16,95%) corresponden a afecciones al dominio público.
El desglose de las superficies objeto de expropiación en el proyecto se detalla por municipios en el siguiente cuadro de clases de suelo:
La Autoridad Portuaria de Sevilla será una de las entidades más afectadas, ya que la Dirección General de Carreteras ha previsto la expropiación de 298.515 m2 de su propiedad (29,85 hectáreas), entre otras afecciones que refleja el siguiente cuadro:
Al margen de la Autoridad Portuaria, el conjunto de las expropiaciones afecta una vivienda rural, dos almacenes, una construcción deportiva (piscina) y cinco edificaciones agrarias.
La Dirección General de Carreteras estima en principio que el coste de las expropiaciones e indemnizaciones ascenderá al menos a 14.292.930,44 euros.
