El apagón masivo que dejó a oscuras a toda la península y varias zonas de Europa el pasado lunes, generando miles de incidencias, puso a prueba a los servicios de emergencia, que tuvieron que dar respuesta a un aluvión de llamadas en cuestión de minutos.
La representación sindical del servicio de emergencias 112 en la provincia de Cádiz ha denunciado que, en su caso, se vieron obligados a operar “bajo mínimos absolutos”, pues la plantilla se encuentra en huelga indefinida desde diciembre de 2024 y “tan sólo un coordinador y un gestor se encontraban disponibles para atender a toda la provincia”.
Una situación “insostenible” que “dejó al descubierto las graves carencias estructurales del modelo de gestión actual”. Según los trabajadores del 112 de Cádiz, “este caos no es una excepción, sino la consecuencia directa de un sistema privatizado en manos de empresas de telemarketing como Ilunion, cuya principal motivación es el beneficio económico y no la calidad de un servicio público tan esencial como el de emergencias”.
La empresa del grupo ONCE fue subcontratada por la Junta de Andalucía para gestionar el 112, pero según la representación sindical “no cuenta con un sistema real y efectivo de localización de personal para activar en situaciones críticas. Ante una emergencia nacional como la vivida el lunes, su única respuesta fue llamar uno por uno a los trabajadores en su día libre para pedirles, de forma voluntaria, que acudieran a trabajar”, denuncia el colectivo.
Los trabajadores del 112 afirman que “la actual gestión no está preparada para garantizar la seguridad ciudadana en situaciones de crisis” y, de hecho, “a día de hoy no existe ningún tipo de acuerdo ni protocolo para movilizar refuerzos en caso de incidentes de gran magnitud”. Una situación que la Junta de Andalucía “conoce desde hace años”.
El Gobierno andaluz es “plenamente consciente de las condiciones laborales que sufren los trabajadores del 112, de las carencias técnicas y humanas del servicio y del riesgo que supone seguir apostando por un modelo privatizado basado en el bajo coste y no en la eficacia. Aún así, la Junta ha decidido mirar hacia otro lado y seguir renovando contratos con empresas de telemarketing que no están capacitadas para gestionar un servicio de emergencias”, añade.
Tras lo vivido el pasado lunes, desde el 112 se reclama “un servicio público de calidad, con personal suficiente, medios adecuados y una gestión que ponga en el centro la seguridad de los ciudadanos, no los beneficios de una empresa”.
