La huelga indefinida del colectivo de Inspectores de Pesca Marítima, iniciada el pasado 3 de marzo, continúa sin visos de resolución inmediata. A pesar de los recientes encuentros entre los sindicatos convocantes —CCOO y ELA— y el Gobierno, el conflicto laboral permanece encallado, afectando gravemente tanto a los trabajadores como al sector pesquero, especialmente a las almadrabas de Barbate, Conil, Zahara y Tarifa.
El sector almadrabero de la provincia de Cádiz atraviesa una situación que califica de “insostenible” debido a la huelga indefinida de los inspectores de pesca marítima, que afecta directamente al desarrollo de la campaña del atún rojo. Las almadrabas de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa denuncian retrasos en las operaciones, levantás abortadas y una incertidumbre que amenaza con hacer perder gran parte de la temporada, lo que pondría en riesgo más de 500 empleos directos y unos 6.000 indirectos.
La última reunión celebrada esta semana, en forma de Mesa General de Negociación Conjunta entre los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Política Territorial y Memoria Democrática, ha sido calificada como una oportunidad perdida para desbloquear el conflicto. Desde APIPES (Asociación Profesional de Inspectores de Pesca), se ha cuestionado la legalidad del procedimiento elegido por el Gobierno:
“En un movimiento que no terminamos de comprender, el Gobierno ha convocado una Mesa de Negociación en lugar del Comité de huelga. El Real Decreto-ley 17/1977 establece que durante una huelga debe negociarse con el Comité de huelga”, denuncian desde la asociación.
A pesar de ello, los sindicatos acudieron a la cita con voluntad de diálogo.
“Acudimos con buena fe negociadora y ganas de terminar este conflicto laboral, siendo conscientes de que tanto los Inspectores como el sector pesquero están sufriendo mucho”, señalaron fuentes de CCOO.
Durante la reunión, según apuntan ambas organizaciones, los representantes gubernamentales se limitaron a sugerir la posible creación de una Escala de Inspectores de Pesca Marítima, mediante ley, pero sin presentar ninguna propuesta concreta ni compromisos retributivos. APIPES agradeció la apertura al diálogo, pero advirtió que “el Gobierno no ha traído ninguna oferta ni propuesta en firme y ha emplazado a los sindicatos a continuar la negociación en dos semanas”.
Esa demora ha sido recibida con frustración.
“La situación en Barbate es crítica”, alertan desde CCOO. “El Gobierno sigue dando largas mientras el sector sigue agonizando. Basta de excusas y promesas vacías. Es hora de actuar”.
Los inspectores advierten que los efectos del paro no solo afectan a la almadraba. En breve deberán verificarse las mallas de los copos de arrastre del Mediterráneo y, a finales de mayo, comienza la campaña del atún rojo. El riesgo, según APIPES, es que un fallo judicial que anule los servicios mínimos —como ya ocurrió en 2023— desencadene un paro total con consecuencias inasumibles.
“Intentamos que comprendan que si un juez dictamina que los servicios mínimos no son legales, todos los inspectores dejarán de trabajar en bloque”, aseguran.
Además, denuncian que la Secretaría General de Pesca está “comisionando inspectores sin la formación necesaria para embarcar”, lo que ha motivado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por su parte, CCOO lamenta la falta de avances reales y advierte sobre la estrategia gubernamental:
“La negativa del Ejecutivo a convocar al comité de huelga demuestra su falta de voluntad real para solucionar el problema y pone en riesgo la estabilidad del colectivo y la supervivencia del sector pesquero en Barbate”.
Las acciones sindicales han ido más allá del diálogo con el Ejecutivo. Esta semana, representantes de CCOO se reunieron con los grupos parlamentarios de PSOE y PP para abordar el conflicto en el Congreso de los Diputados. Desde el Grupo Socialista, aseguran, “se nos pidió posponer la huelga hasta que finalice la campaña de la almadraba”, pero los sindicatos consideran esa petición “inaceptable”, ya que “pretende responsabilizar a los inspectores de las consecuencias de una huelga cuya convocatoria se remonta a febrero”.
En la reunión con el Grupo Popular, la diputada Rosa Quintana mostró su respaldo al colectivo y preocupación por la situación en Barbate.
“Mostraron su total apoyo y su disposición a colaborar para buscar soluciones”, relatan desde el sindicato.
Sin embargo, desde los colectivos sindicales insisten: las promesas no bastan.
“Solo mediante un claro compromiso con cifras y herramientas jurídicas podrá resolverse esta situación. La huelga continúa porque no hay ni soluciones ni calendario”, concluyen desde CCOO.
Mientras tanto, la incertidumbre crece en los puertos, en las cofradías y en las almadrabas, donde cada día que pasa sin solución pesa como un ancla sobre la economía local y el ánimo de un sector que se siente abandonado por las instituciones.
En este sentido, las almadrabas han añadido que “el sector almadrabero no puede seguir con esta incertidumbre”, teniendo en cuenta, según han recordado, “que se trata de una pesca que cuenta con un periodo de tiempo determinado y que ahora que hay buen tiempo no se puede faenar con normalidad”. Por ello, desde las almadrabas gaditanas han pedido que el Gobierno y los inspectores lleguen a un acuerdo, porque “no se puede estar pendientes de los servicios mínimos, ya que está afectando al sector porque o no son suficientes para cubrir la actividad de cada almadraba o hay que estar pendiente a la espera de ese servicio mínimo, lo cual hace muy difícil planificarse el trabajo que se debe realizar”
