Lo advirtieron en el mes de marzo de este año, sobre la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, que deberán de conocer desde octubre próximo en este ámbito penal aquellas causas que tramitan ahora los juzgados de Instrucción, y que se concretan en asumir aquellos delitos o investigaciones de agresiones sexuales, de mutilación genital femenina, acoso con fines sexuales, o de trata de personas con fines de explotación sexual, todos ellos con independencia del vínculo entre la víctima y el agresor.
Y del centenar de juezas y jueces que suscribieron entonces un manifiesto para advertir al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial de la insuficiencia de recursos para esta reforma, las quejas en el sistema judicial de toda España se han multiplicado por cuatro.
Ahora, en junio, casi medio millar (457) de magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (LAJ, antes secretarios judiciales) de toda España han respaldado un nuevo manifiesto en el que advierten de un "colapso inminente" este otoño en este ámbito jurisdiccional, que supondrá a la larga una desprotección para las víctimas.
En el texto, que han suscrito las titulares de los cuatros Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital, a los que se han sumado los de Marbella-Estepona, Fuengirola, Ronda, Antequera, Coín, Torrox y Vélez-Málaga, se cuestiona "los grandilocuentes anuncios" realizados por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre la creación de un 50% más de plazas destinadas a órganos de la Violencia sobre la Mujer, y un aumento de recursos sobre refuerzos del servicio de guardia en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Una dotación de nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer previstas también para las nuevas de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y que los firmantes sostienen son insuficientes para asumir una carga de trabajo que estiman será de más del 20%.
"Todo lo que advertimos se confirma y empeora. Y ya no es solo una previsión ya que las plazas prometidas no son ni mucho menos ese 50% que se anunció. Son muchos los partidos judiciales donde nada se crea; en otros se crea una plaza, a cambio de agrupar partidos judiciales -con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas-, y de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla, sólo se pondrá en marcha una, y en Valencia, ninguna", aseguran en el manifiesto, al que se han sumado ahora también 50 fiscales de toda España (solo el de Marbella-Estepona lo ha respaldado en la provincia de Málaga).
Sí respaldan las quejas representantes del Ministerio Público destinados en Violencia de Género de Cádiz, Córdoba (4), Granada (4), Linares (Jaén), Almería, o siete fiscales de Sevilla.
Por el contrario, el movimiento de protesta se ha ampliado también a 91 letrados de la Administración y 38 oficinas judiciales de toda España, entre los que se encuentra más de una veintena de Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA. En ellas trabajan gestores, tramitadores procesales y funcionarios de auxilio judicial.
CONVENIO DE ESTAMBUL
Los firmantes recuerdan que tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, "ya alertamos de que esta 'reforma a coste cero' vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas".
Consideran que hasta la fecha se estaba "presentando como una mejora lo que en realidad desbordaba un sistema ya precario, donde muchos Juzgados no tienen guardias, ni forenses disponibles, ni salas adecuadas o asistencia letrada garantizadas". Un panorama que anticipan "va a generar espacios de desprotección y supondría un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género".
Llaman además la atención respecto a que la nueva reforma del Código Penal supondrá incluir nuevos tipos penales sobre la violencia vicaria, la violencia económica o la violencia digital, cuya instrucción será igualmente atribuida a las futuras Secciones de Violencia sobre la Mujer.
En su análisis anticipan que el 3 de octubre de 2025, fecha de la entrada en vigor de las nuevas competencias, "se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, y la del desmantelamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral en materia de violencia de género".
