Según la información facilitada a Europa Press por los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han sido los que ejercieron la denuncia, la agresora también ha sido condenada, junto a su acompañante, por faltas contra el orden público y a indemnizar a la profesional agredida por un delito de atentado a un profesional durante el ejercicio de sus funciones.
En concreto, los hechos se remontan a octubre de 2008 cuando la usuaria en cuestión insultó e intimidó a la médica que le atendía. Según relata la sentencia, la paciente y su acompañante comenzaron a lanzar improperios y frases despectivas a la profesional y acabaron dando una patada a la puerta de su despacho, por lo que la profesional sufrió una contusión.
Este hechos han sido considerados por el juez como constitutivos de un "delito de atentado, falta de lesiones y falta contra el orden público", por lo que condena, además de la pena aplicada por delito de atentado, a dos multas de tres euros diarios durante un mes y veinte días, así como al pago de una indemnización de 200,35 euros a la profesional agredida y al pago de las tres cuartas partes de las costas del procedimiento.
Junto a esta sentencia, la acompañante de esta mujer ha sido también condenada por una falta contra el orden público a la pena de un mes y veinte días de multa con cuota diaria de tres euros y al pago de parte de las costas del procedimiento.
Desde el momento en que se produjeron los hechos, el SAS, a través del Hospital Virgen Macarena al que pertenece la profesional agredida, puso a su disposición todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.
Este plan tiene como objetivo fundamental dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
El mismo también establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja a los profesionales es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos.
Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario.
En el marco del Plan, el trabajador afectado contará, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. En cuanto a las medidas de seguridad, desde 2005 y hasta la actualidad los centros sanitarios públicos han instalado 7.727 medidas de seguridad, entre las que se incluyen timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas. Los centros de la provincia de Sevilla cuentan con un total de 1.477 medidas de este tipo.
