La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.
LA TRAMA DE LOS ERE
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias.
Pues bien, un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechado el 25 de enero de 2012 da cuenta de los aspectos relativos al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2005 por el restaurante hispalense Río Grande, enclavado en la calle Betis a orillas del Guadalquivir. Este expediente de regulación de empleo, como es sabido, incluyó una póliza de seguro de rentas en favor de la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela, pese a que ella jamás había trabajado en este negocio.
EL ERE DE CARMEN FONTELA
El caso de Fontela fue uno de los más conocidos porque fue una de las primeras presuntas prejubilaciones fraudulentas en salir a la luz pública. Su nombre, igualmente, figura en buena parte de la documentación de la póliza de seguro de rentas relativa al ERE acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, una empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y en la que ella tampoco había trabajado nunca. No obstante, María del Carmen Fontela no habría llegado a cobrar las indemnizaciones comprendidas en este procedimiento.
De cualquier modo, la juez Alaya, en un auto fechado el 27 de enero y recogido por Europa Press, incide en el ERE promovido en 2005 por el restaurante Río Grande señalando que la empresa en cuestión "había tenido unos beneficios en el año 2004 de 1.250.594,42 euros, según información de la Agencia Tributaria". También de la investigación policial se extrae que el "representante" del restaurante reconoció que la empresa "contaba con medios económicos suficientes para haber sufragado las prejubilaciones", mientras por todos estos hechos, la propietaria del restaurante, María del Carmen García, figura como imputada en las diligencia junto a Francisco Javier Guerrero, el también otrora director general Juan Márquez o el exsindicalista jiennense Juan Lanzas.
