En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Gallardón ha explicado que la postura del Gobierno ante la sentencia es de "discrepancia" pero a la vez de "acatamiento" porque "el respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo" para que el Ejecutivo pueda manifestar su "discrepancia con las decisiones".
"Discrepancia y acatamiento. Esa es la postura del Gobierno. Discrepamos la sentencia en si misma, ya lo hicimos en su día, discrepamos que se haya impuesto una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi, pero la acatamos", ha confirmado.
En este sentido, Gallardón ha aclarado que el Gobierno debe respetar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque "esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional", porque es su obligación no quebrantar los convenios internacionales firmados por España por los cuales el Estado asume estar sometido "a una jurisdicción supranacional, tanto si le gusta como si no".
"No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como si lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal", ha señalado.
