Miércoles, 27 de junio. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anuncia que el Estado suprimirá todas las mancomunidades de municipios. España cuenta con 1.504 mancomunidades, cada una con sus presidentes, sus delegados y sus empleados, lo que supone que cuenten con un presupuesto global que supera los 2.000 millones de euros. En la provincia hay cinco mancomunidades, Bahía de Cádiz, Sierra, Janda, Campo de Gibraltar y Bajo Guadalquivir, esta última en disolución por problemas económicos.
Aunque ya se había rumoreado que el Partido Popular optaría por su supresión y ahorrarse esos 2.000 millones de euros, la noticia pilló por sorpresa a los presidentes y presidentas de las mancomunidades gaditanas. “Me he enterado por la prensa”, señalaban a este medio.
Nicolás Aragón (PP), presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, señalaba a este medio que entiende que el anuncio va encaminado a “eliminar las duplicidades que existen entre distintas administraciones públicas. Evidentemente no voy a estar en contra de lo que haga el Gobierno de la Nación, pero entiendo también que no todas las mancomunidades están gestionadas de la misma forma. Aquí en la Bahía de Cádiz aprobamos las cuentas generales el miércoles con superávit y con un presupuesto consolidado de más de tres millones de euros y que se atiene a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tenemos muy poco personal, concretamente seis personas, yo no me incluyo. Es decir, nosotros aquí no tenemos problemas”.
Aragón afirma que “también es cierto que existe otras mancomunidades que están muy mal económicamente hablando, y también que tienen muchos trabajadores. Pero ya digo que no es nuestro caso. Nuestra política es que uno más uno son dos, y no se hace lo que no se puede hacer”.
Dicha Mancomunidad es la que gestiona el Cementerio Mancomunado de Cádiz, las clases náuticas, la formación continua de los funcionarios, el balizamiento de playas, el programa Prevencar, y el Club de Empleo. Sobre el Club de Empleo, Aragón destaca que “el año pasado tuvo más de 1.300 colocaciones y atendió más de 5.000 peticiones. Es decir, tenemos un nivel de trabajo y un nivel económico muy buenos. Ahora bien, estamos siempre para atender lo que digan las administraciones superiores”.
Sobre el posible cierre indica que “espero que no sea de hoy para mañana. Creo que ahora viene un periodo de reflexión y de adjudicar nuestros proyectos y gestiones a la administración que corresponda”. Eso sí, ahora mismo nadie sabe quién asumiría esas competencias, “sobre eso, nada de nada. Más allá de lo que ha aparecido en prensa no sé nada más”.
Nicolás Aragón sí está de acuerdo en que existe duplicación de competencias, “aunque en esta Mancomunidad no existe esa duplicidad, pero hay otras que sí. Aquí tenemos claro que económicamente tenemos que estar bien y cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria… mi única preocupación es por los trabajadores que tenemos”.
Y es que sobre el futuro de estos empleados “tampoco se sabe nada. Estamos a la espera de mantener reuniones y de conocer cómo será el periodo de transición, y es que la Administración tiene una serie de condicionantes que impide que se pueda llevar a cabo de un día para otro”.
La sierra
Más crítica se mostró con este anuncio Dolores Caballero (IU), presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. “Aquí nos hemos enterado (del anuncio de su posible cierre) directamente por la prensa”, señala Caballero para añadir que “sí había rumores, pero éstos también hablaban de las diputaciones provinciales”.
De hecho, Dolores Caballero está “totalmente en desacuerdo” con esta medida, porque “el anunció sólo ha conseguido sembrar el desconcierto entre todos los trabajadores de la entidad y en las empresas colaboradores y en los servicios que llevamos a cabo”. Y es que “no hay nada claro, nada oficial al respecto. Esto afecta a los trabajadores sobre todo, a los políticos no. Creo que deberían haberse pensado mejor lanzar esa información que no tiene objetivo alguno”.
La presidenta de la Sierra no cree que el cierre de las mancomunidades sea “para ahorrar porque no suponen gasto alguno. La Mancomunidad se autoabastece de los programas que pueden solicitar cualquier entidad y de los ayuntamientos que han decidido libremente aunar esfuerzos con otros municipios. De hecho, Mancomunidad se conoce entre todos los vecinos, pero nadie sabe qué servicios presta la Diputación Provincial”.
Tampoco cree que se trate de un problema de duplicidad entre administraciones. “¿Quién está llevando a cabo esa duplicidad de servicios? Nosotros llevamos el tema de las guarderías infantiles, el servicio de basura, la puesta en marcha de programas, guarderías para temporeros. Además sólo cobran los trabajadores… no sé que estudio han hecho”.
A Dolores Caballero le gustaría conocer “las intenciones de este anuncio que sólo ha causado un gran bajón moral entre los trabajadores… me gustaría saber qué estudios tienen al respecto. Ahora mismo estamos sufragando competencias que no tenemos los ayuntamientos y las mancomunidades, llevamos a cabo el día a día, el sufrimiento de los vecinos y la falta de dinero”.
Sobre la posibilidad de que exista un trasfondo político, Caballero señala que “espero que no los haya, de hecho el presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz también espera que no desaparezcan y es del Partido Popular. Pero si es por ahorrar, no cuadra, aquí tampoco estamos arruinados, ni suponemos un coste para el resto, ni hay duplicidad de servicios”. Para concluir, una reflexión, “si tienen que llevar a cabo algo, que se estudie antes, que se analice, pero que no se alarme a unos trabajadores que realizan muy bien su labor y que ahora están asustados porque no saben qué futuro les espera”.
¿Y los trabajadores?
El futuro de estos empleados también es lo que más le preocupa a Lucía a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, Lucía Torrejón, quien también se enteró por la prensa del “brusco” anuncio realizado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
“Desde hace tiempo se viene hablando de este tema, pero creo no son formas de anunciar una decisión que afecta a tantas personas y servicios”, ha declarado a este medio la presidenta del ente supramunicipal jandeño. Y es que para Lucía Torrejón es “absolutamente necesario” que “acompañando a este anuncio se perfile un esquema de cómo se piensa afrontar este proceso”.
“No se puede decir que se van a suprimir las mancomunidades sin más; tiene que haber una reforma consensuada con todos los grupos y en la que el diálogo con los ayuntamientos afectados sea esencial”.
Hay que tener en cuenta, a juicio de Torrejón, que “las mancomunidades ofertan muchos y variados servicios que los ayuntamientos no pueden afrontar y es importante que estos servicios a los ciudadanos no se vean mermados por una reforma brusca en las administraciones”. En esta línea, añade la presidenta del ente jandeño, “soy consciente de que hay duplicidad entre las administraciones, pero habría que valorar qué administración presta mejor un servicio que se oferta doblemente y para ello es muy importante conocer la opinión de los ayuntamientos”.
“Las mancomunidades se caracterizan por ser entidades cercanas a los ayuntamientos y a los ciudadanos y, en este sentido, y aunque comparten rasgos, líneas de actuación, pueden prestar mejores servicios que las diputaciones”, afirma Torrejón.
Finalmente, la presidenta de la Mancomunidad de La Janda ha declarado que “si la supresión de las mancomunidades está decidida sin llevar a cabo antes un estudio”, como había anunciado el mismo secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta el 19 de junio, “que nos lo cuenten y nos digan cómo se piensa hacer” porque “los afectados -que no es mi caso porque ser presidenta sólo es un cargo- que son los trabajadores, los ayuntamientos y los ciudadanos que se benefician de los servicios que ofertan las mancomunidades; tienen derecho a saber a qué atenerse”.
Incertidumbre laboral
La noticia , como es lógico, no ha caído muy bien entre los trabajadores de las mancomunidades, que aseguran que se enfrentan a un momento de “inseguridad e incertidumbre”. “Estas no son formas de hacer las cosas, tenemos derecho a ser informados de qué, cómo y cuándo se piensa llevar a cabo este anuncio”. “No se puede lanzar la noticia sin más, somo muchas las familias que trabajamos y dependemos de estas administraciones”, declaraban ayer a este medio.
Aunque es cierto que, como ha declarado Lucía Torrejón, “he informado a los trabajadores extraoficialmente de las noticias que me iban llegando al respecto”, el anuncio ha caído como un jarro de agua fría. Tal es así que “se hará presión, protestaremos y haremos lo que haga falta para que si se hace la reforma, se haga bien y no por la espalda”, avisaba el personal del ente supramunicipal.
En este punto coinciden todos los presidentes, sean del color político que sean. Es decir, están preocupados por lo que sucederá con los servicios y los programas que gestionan, pero sobre todo les preocupa el futuro de sus trabajadores, y esperan que, en el caso de que finalmente se cierren las mancomunidades, éstos sean reubicados. Así, UGT ha denunciado ha rechazado “cualquier actuación unilateral por parte del Ejecutivo que no contemple la protección de los puestos de trabajo” que hay en estas entidades.
“Hay que adelgazar la Administración”
El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, también habló con este medio para expresar su opinión sobre el anuncio del cierre de las mancomunidades de municipios. En este sentido y cuestionado sobre si esta Administración, la Diputación, puede hacerse cargo de las competencias que dejarían libres las mancomunidades de municipios gaditanas, José Loaiza señala que “las mancomunidades gestionan servicios y competencias que a veces no le son propias, por lo tanto son competencias que no dan lugar a que las asuma la Diputación porque son cuestiones, gestiones, que las pueden realizar cualquier ayuntamiento, y en todo caso, si hay acuerdo, la Diputación también, como por ejemplo las escuelas taller. Después hay otro tipo de servicios mancomunados que los pueden realizar los propios ayuntamientos mediante fórmulas distintas; también los pueden llevar la Diputación si se llega igualmente a un acuerdo; y los puede gestionar también los propios consistorios a través, por ejemplo, de la creación de un consorcio”.
En este sentido, un servicio como la basura o la gestión de los cementerios mancomunados, según Loaiza, “se pueden llevar a cabo por los ayuntamientos mediante una Junta de Sociedad o a través de nuevas fórmulas”.
Lo que está claro es que para José Loaiza “el motivo de que se piense en cerrar las mancomunidades es que hay que adelgazar la Administración”.
Al respecto, para Loaiza “España no puede mantener a las administraciones públicas tal y como están actualmente. Y también hay que decir que hay mancomunidades que sólo gestionan servicios y otras que se han convertido en parlamentos políticos, con estructuras políticos, eso no se puede mantener hoy en día”.
Para concluir, hay que resaltar que José Loaiza siempre ha mantenido la importancia de las diputaciones provinciales por encima de las mancomunidades, una postura que ya mantenía incluso antes de acceder a la presidencia de la Diputación de Cádiz. Y es que en su opinión “las diputaciones provinciales son administraciones públicas que tienen su razón de ser, sobre todo para apoyar a los municipios más pequeños. Además es una Administración que viene recogida en la Constitución, no así como las Mancomunidades. Nosotros siempre hemos defendido a lasdiputaciones”.
