El inicio del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en el Ayuntamiento, que afecta a trescientos trabajadores, supone un punto de inflexión después de meses de desencuentros entre el Gobierno local y los sindicatos. Como no podía ser de otra manera, los representantes de los trabajadores -con el respaldo de la oposición- mantienen su idea inicial de tumbar el despido colectivo, bien a través de la presión de la calle, bien mediante la impugnación del propio procedimiento.
Sin embargo, lo cierto es que no parece probable que ambas vías lleguen a buen puerto. La alcaldesa, María José García-Pelayo, se ha mostrado esta misma semana inflexible y para nada dispuesta a dar marcha atrás en una decisión que considera “dolorosa” pero “imprescindible”. No parece por tanto que las movilizaciones que puedan llevarse a cabo en estas próximas semanas vayan a hacer temblar el pulso de un Gobierno acostumbrado a soportar manifestaciones, encierros y acampadas.
Con todo, el mayor problema con el que van a encontrarse las secciones sindicales es que la legislación actual apenas deja resquicio abierto a la vía judicial. De entrada, el papel de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en este tipo de expedientes ha pasado a ser residual. De hecho, ni siquiera es necesario ya obtener su visto bueno para culminar un despido colectivo.
En la anterior legislatura, la entonces alcaldesa, Pilar Sánchez, planteó un Expediente de Regulación de Empleo temporal (ERTE). Sin embargo, el entonces consejero Antonio Fernández dejó la operación en agua de borrajas, entre otras cosas para no sentar un precedente al que pudieran agarrarse otros consistorios andaluces.
Ahora, nada de eso es necesario. La empresa -el Ayuntamiento en este caso- sólo está obligada a realizar una comunicación a la autoridad laboral y seguir un periodo de consultas. Una vez finalizado, con acuerdo o sin acuerdo, el empresario comunica a sus trabajadores y a la autoridad laboral su decisión, pudiendo el empleado reclamar ante la jurisdicción social.
La impugnación, complicada
Los sindicatos ya han advertido de su intención de aferrarse a cualquier aspecto legal que pudiera abortar el proceso. El jueves, sin ir más lejos, se negaron a recoger la documentación que oficializaba el inicio del procedimiento alegando presuntos defectos de forma. Sin embargo, apenas unas horas después acudían a la Secretaría General del Ayuntamiento a hacerse con el expediente, en buena medida para no alargar la agonía de una plantilla que quería poner cara a los despedidos.
Si en estas próximas semanas Ayuntamiento y sindicatos alcanzaran un acuerdo que ahora parece imposible, la vía judicial quedaría descartada en la práctica, por cuanto difícilmente un juzgado podría rechazar un expediente firmado con la avenencia de las partes.
En el supuesto de que no se alcanzara ese acuerdo, la impugnación podría cobrar un mayor sentido. Con todo, parece improbable que la maniobra pudiera cerrarse de manera favorable a los intereses de los trabajadores. Para alegar motivos de forma sería necesario que el Ayuntamiento incumpliera cuestiones tales como no entregar la totalidad de la documentación en tiempo y forma. En principio, el Gobierno ha recurrido a la consultora Deloitte precisamente para evitar que se pudieran producir errores infantiles.
Entre los motivos de fondo que podrían argumentarse de cara a una posible impugnación se encontrarían aquellos relacionados con la no concurrencia de las causas que justifican el despido. Teniendo en cuenta que el ERE se plantea por causas económicas y que el Consistorio se encuentra prácticamente en la bancarrota, tampoco se antoja factible este argumento.
El acuerdo menos malo
Partiendo de la base de que no hay salida buena para un ERE, Ayuntamiento y sindicatos podrían arbitrar en estas próximas semanas medidas para aliviar en lo posible la situación de los trescientos trabajadores incluidos en la relación de despedidos. Alrededor de 140 afectados -casi la mitad- han cumplido ya los 59 años, encontrándose a un paso de la jubilación.
Expertos en este tipo de casos aseguran que ante despidos de similar naturaleza es factible que las partes alcancen acuerdos beneficiosos para los trabajadores, existiendo la posibilidad de que la empresa cierre convenios con la Seguridad Social que de algún modo acerquen a la jubilación a los afectados. La situación es bastante más compleja para quienes no han alcanzado esa edad. En todo caso, parece que las partes deberán sentarse a dialogar más pronto que tarde.
