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Miércoles 20/11/2024
 

Jerez

Adaptarnos a la nueva TDT nos costará entre 120 y 300 euros

El precio varía en función de si se trata de antenas de particulares o de antenas comunitarias. Las instalaciones deben estar listas antes del 1 de enero de 2014

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  • Un antenista realizando la instalación

Las familias jerezanas deberán gastar antes del 31 de diciembre de 2013 unos 6,4 millones de euros en adaptar sus instalaciones de antena si quieren seguir viendo la televisión a partir del 1 de enero de 2014, fecha en la que concluye la implantación del nuevo dividendo digital diseñado por el Ministerio de Industria.
El Gobierno ha descartado subvenciones a los usuarios y serán éstos los que tengan que costear íntegramente la reforma. Las organizaciones de consumidores de Andalucía han sido unánimes en criticar tanto la falta de información como la ausencia de ayudas a las reformas necesarias derivadas de la implantación del citado dividendo digital.
Según los datos facilitados por organizaciones de consumidores y las empresas instaladoras, las familias de la provincia de Cádiz deberán asumir un coste de casi 38 millones de euros si no quieren ver la pantalla de la televisión en negro a partir del 1 de enero de 2014, fecha en la que el Gobierno tiene previsto dejar de distribuir la emisión de las cadenas de televisión en simultáneo y establecer de forma definitiva la nueva configuración del espectro radioeléctrico derivado de la puesta en marcha del dividendo digital. Según un reparto proporcional de esa cantidad en función del número de habitantes -aunque el reparto exacto se hace entre instalaciones de antenas individuales y colectivas-, a Jerez le corresponde una estimación inicial de 6,4 millones de euros.
Nuestros decodificadores de TDT seguirán buscando en toda la banda de frecuencia para la que están diseñados, pero como parte del espacio radioeléctrico se ha asignado al uso y distribución de la nueva señal 4G para móviles, estos aparatos serán incapaces de entender la señal y no podrán llevarla a la pantalla porque no están preparados para gestionarla y administrarla. El resultado, según los consumidores, será la pantalla del televisor en negro.
El coste total de las reformas en instalaciones individuales a nivel provincial suma 27.457.440 euros, mientras que el coste total en intervenciones en instalaciones de antena colectiva alcanza los 10.318.200.
La provincia de Cádiz tiene un total de 263.206 edificios censados. Según el sector de las empresas andaluzas instaladoras de telecomunicaciones, la provincia tiene 228.812 instalaciones de antena más 34.394 individuales.
Pese a haber recibido un pago de 2.000 millones de euros por parte de las operadoras de telefonía móvil en España, el Ministerio de Industria no contempla subvenciones o incentivos de ningún tipo para ayudar a los usuarios a sufragar los gastos que se derivan de este nuevo cambio.
Según el Ejecutivo, su misión es llevar la señal hasta las viviendas, pero excluye la gestión y administración de la señal que llega a casas y comunidades de propietarios.

Coste de la reparación
Tanto las instalaciones en comunidades de propietarios como de viviendas individuales deberán ser abordadas por los técnicos para ver la televisión en 2014. Todas las cabeceras (modulares, de banda ancha y programables) deberán ser adaptadas a la nueva situación.
El coste medio de la adaptación de las instalaciones en las comunidades de propietarios rondará los 300 euros, mientras que las de las viviendas individuales tendrá un coste medio de 120 euros.
El Ministerio de Industria ha desvelado a través de su titular, José Manuel Soria, que no habrá ayudas económicas a los usuarios para sufragar los gastos derivados de la implantación del dividendo digital, aunque no ha revelado si las habrá para las empresas que difundan la señal o los que lo hagan en simultáneo hasta implantar el dividendo digital en 2014.

UCA/UCE demanda más información

La Unión de Consumidores de Andalucía reivindica información transparente y clara de las administraciones competentes, sobre todo, de las compensaciones que puedan recibir los sectores implicados (operadores, instaladores, comunidades de vecinos, etc.) de manera que no se genere una situación injusta y sean los consumidores finales, como habitualmente ocurre, quienes asuman el gasto.

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