La Diputación Provincial de Jaén y el Colegio de Abogados jiennense han suscrito esta mañana un acuerdo que supondrá un alivio para las miles de familias que en el territorio provincial pueden perder su vivienda habitual al no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca bancaria. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, han sido los encargados de rubricar un convenio que se traducirá en la creación de una Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria que, según Reyes, “ofrecerá una solución inmediata y eficaz a las familias que puedan verse abocadas a sufrir un desahucio”, que en la provincia jiennense pueden ser en torno a 3.000.
La puesta en marcha de esta oficina vendrá “en parte a paliar este grave problema”, ha insistido Reyes, quien ha explicado que “desde el equipo de Gobierno de la Diputación hemos entendido que, ante el alto contenido social que tiene una ejecución hipotecaria, que puede dejar sin su vivienda habitual a una familia, debíamos actuar porque estas intervenciones generan un drama que suele conducir a la exclusión social de estas personas”. El incremento de este tipo de casos que se ha producido en los últimos meses, ya que su número se ha incrementado en un 20% entre 2011 y 2012, según ha dicho Reyes, “nos ha llevado a crear este instrumento que será complementario a la labor de asesoramiento que ya ofrece la Junta de Andalucía”.
De esta forma, las familias que residan en cualquiera de los 97 municipios jiennenses –a cuyos ayuntamientos la Diputación informará sobre la creación de este nuevo instrumento– podrán utilizar esta oficina que tendrá cinco sedes repartidas por la provincia: Jaén, Linares, Úbeda, Andújar y Alcalá la Real. Los interesados se podrán informar en estas sedes de los pasos que más les conviene dar dependiendo de su caso y el momento en que se encuentre, ya sea acordando con el banco la fórmula para alargar el pago de la hipoteca, dando la casa en pago de la deuda, y conociendo qué se puede hacer antes de que la ejecución hipotecaria o el desahucio se hagan efectivos.
La Diputación ha aprobado conceder al Colegio de Abogados un máximo de 36.300 euros para atender a los ciudadanos que precisen de este asesoramiento con el fin de “facilitar a las personas y familias una vía profesional de intermediación con las entidades financieras para encontrar una solución consensuada”, ha remarcado Francisco Reyes, quien se ha mostrado “satisfecho por la sensibilidad del Colegio de Abogados para afrontar este gran problema de la sociedad actual” que, en su opinión, se ha generado por varios motivos: “un exceso de confianza ciudadana y, sobre todo, por las malas praxis bancarias y el desempleo que hace finalmente imposible pagar las hipotecas”.
Reyes se ha mostrado igualmente favorable a los últimos movimientos que se han dado desde diferentes ámbitos para poner solución a este problema de los desahucios. En este sentido, ha “aplaudido cualquier solución estatal que se pueda dar a este conflicto, tras la propuesta del PSOE contra los desahucios o las conversaciones que se están manteniendo los dos partidos mayoritarios en el Congreso para alcanzar una solución definitiva”. También ha valorado positivamente las manifestaciones de los magistrados en pos de un acuerdo y las iniciativas de Kutxabank y Unicaja –la última conocida esta misma mañana–, para suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, todo ello porque “si contamos con una legislación que es capaz de salvar a bancos y empresas, pero no puede salvar a una familia de un desahucio, es una mala normativa, por eso exigimos medidas para que se paralice cualquier desahucio y creemos que este convenio va en esta línea”.
Esta preocupación por la ciudadanía ha sido, según Vicente Oya, la que ha llevado al Colegio de Abogados “a plantear este acuerdo a la Diputación, que desde el principio se mostró muy receptiva a frenar un problema que nosotros vimos venir desde hace tiempo”. El decano del Colegio de Abogados también se ha mostrado partidario de modificar la legislación actual, “pero esto por sí solo no resolverá todos los problemas, ahora habrá que llevar las soluciones a cada familia porque cada caso es único y tiene sus propias peculiaridades”. Para ello, un grupo de letrados especializados en esta materia se pondrá a disposición de las personas que estén inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria o desahucio con el fin de buscar la solución más idónea a cada caso, una medida que “nos hace estar satisfechos al poder ayudar a la sociedad”, ha concluido Oya.
