Corría el año 2010 cuando Encarnación Trujillo firmaba un documento oficial compartida su rúbrica con el alcalde de Tarifa (en aquella época Miguel Manella) y Eva Leal como representante de la Diputación.
En dicho escrito, la mujer se comprometía a autorizar la expropiación y posterior derribo de un cebadero de su propiedad en un enclavado también de unos terrenos de su propiedad.
El trato acordado era “tirar el cebadero y a cambio Diputación se comprometía al pago del justiprecio, que se abonaría “mediante la entrega de la construcción expropiada de una nave susceptible de ser usada como cebadero de 404,90 metros cuadrados a construir en la finca propiedad de la expropiada por Diputación. El traslado a la nueva instalación se producirá cuando ésta esté finalizada”.
Todo parecía ser un trato sin problemas. “Yo, a cambio de dinero y de un nuevo cebadero, dejo que la Administración derribe el antiguo para que así se pueda finalizar la variante de Zaraha-Atlanterra”, señala Inés Guirola, hija de la afectada, quién ahora denuncia que su familia está recibiendo presiones desde Diputación y el Consistorio tarifeño para que “antes de que esté terminado y operativo el nuevo cebadero, tire el antiguo”.
Inés y su marido, David, aseguran que hace varias semanas, el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, se presentó en su propiedad y “nos amenazó que si no tirábamos el cebadero ya iban a ir contra nosotros. Que teníamos que firmar un documento que nos obligaba a dejar el cebadero y donde Diputación reconoce que el cebadero nuevo no está terminado y que además, a partir de su firma habría un periodo de tres a seis meses para terminarlo”.
El documento firmado por el vicepresidente primero, Bernardo Villar, con fecha de 23 de noviembre de este año, que la familia ha declinado firmar, entendiéndolo como un acuerdo unilateral con la Diputación como beneficiaria y la familia como perjudicada, “obliga con carácter inmediato a dejar expeditas la instalación, facilitar la entrada a sus propiedades a personal vinculado a las obras de la variante y se les advierte a que deberán de hacer frente a cualquier gasto producido a la Diputación en caso de negarles el tránsito por sus propiedades para finalizar las obras”.
A través de un comunicado, la Diputación Provincial de Cádiz ha señalado que “velando por el interés público debe comenzar de forma inmediata la construcción de la conexión de la recién construida variante de Zahara. De no actuar en el plazo reglamentado, se perdería la subvención de la UE para esta obra”.
Bernardo Villar ha asegurado que “la Diputación ha cumplido todos sus compromisos contractuales y también de buena voluntad con el propietario del cebadero” apuntando además a que la Administración ha construido un nuevo cebadero de sustitución en otro lugar y que también se ha comprometido a la instalación de luz y agua para el mismo.
Villar espera que la propiedad cumpla su compromiso de trasladar las cabezas de ganado a las nuevas instalaciones. Algo a lo que se niegan los propietarios y para ello, enseñan un certificado expedido por un titular veterinario perteneciente al Consejo Andaluz Oficial de Colegios Oficiales de Veterinarios, en el que señala que el cebadero “no puede ser utilizado para tal fin al carecer de luz y agua”.
