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Miércoles 20/11/2024
 
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Sevilla

El desalojo se evita gracias al movimiento vecinal

La asociación tendrá otras instalaciones tras el acuerdo con el Ayuntamiento

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  • Vecinos a las puertas de la asociación -

El día 15 de enero a las diez de la mañana la asociación de la tercera edad de Palmete iba a ser desahuciada. El motivo no era otro que la falta de pago del local que utilizaban como centro, en la calle Juventud número 10 de esta barriada. El alquiler del  inmueble corría a cargo del Ayuntamiento, que  pagaba  la mensualidad a su propietario. El problema aparece cuando hace dos años el Consistorio deja de pagar esta cuota y el propietario exige el pago del inmueble o el consecuente desalojo para poder seguir utilizando comercialmente el local. Sin embargo, tras el reportaje emitido en el programa Sevilla Denuncia de 20 tv sobre esta problemática, el Ayuntamiento les ha proporcionado otro local.

Sus más de 150 socios aseguraban que no se iban a mover de este local. Varias habían sido las soluciones que el Ayuntamiento había ofrecido a estos vecinos, pero ninguna se adecuadaba a las necesidades ni funciones que lleva a cabo esta asociación.

En primer lugar, la mayoría de ellos son personas con movilidad reducida, por lo cual el acceso a las instalaciones que ofrecía el Ayuntamiento no eran adecuadas. Además, las actividades que llevan a cabo o el ambigú que tienen instalado no se pueden llevar a cabo en cualquier local y menos cuando es compartido por otras asociaciones.

Las cámaras de 20 tv
Tras la presencia de las cámaras de 20 tv, donde los vecinos ya esperaban un acuerdo por parte del Consistorio, la denuncia se ha solucionado. El Ayuntamiento les ha ofrecido la instalación de unas caracolas de segundo uso, de unos 90 metros cuadrados cada una, para llevar a cabo sus actividades, una solución que se adapta a las necesidades de la asociación y que estarán instaladas, según el Consistorio en unos veinte días. Un local donde ya estarán ubicados sin miedo al desalojo, ya que las instalaciones son de carácter municipal y no privado. Un acuerdo que evita las movilizaciones por desahucio previstas.

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