El Ayuntamiento solventó entre el lunes y el viernes de la semana pasada el conflicto que tenía abierto desde hace meses con los empleados municipales, mediante un preacuerdo que deberá ser desarrollado en las próximas semanas y ratificado de forma definitiva durante el mes de marzo, a fin de llegar a un nuevo marco en las relaciones laborales dentro de la Corporación Municipal.
Los policías locales, que aún tienen pendiente la concreción de la reclasificación que les firmó Zoido el pasado mes de abril, llevaban un tiempo protagonizando las más sonoras protestas contra el alcalde al embozarse los rostros y escoltar un ‘doble’ con máscara del regidor, y habían amenazado con proseguirlas de forma llamativa durante el Vía Crucis de la Fe de ayer domingo. Y ya se sabe que en esta ciudad no hay elemento más generador o desatascador de conflictos laborales, según se mire, que el anuncio de un paso en las calles, aunque luego la amenaza de lluvia impida la procesión.
Durante meses, el gobierno local se ha negado a negociar cambio alguno en las condiciones de los empleados del Ayuntamiento con el argumento del ‘imperativo legal’. Según la interpretación del Consistorio presidido por Zoido y administrado con mano de hierro por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, las normas dictadas por el Ejecutivo de Rajoy para recortar el déficit público -tasa de reposición cero a la hora de cubrir las bajas producidas en la plantilla; supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios- y las condiciones impuestas por el Plan de Ajuste para el pago de la deuda acumulada a los proveedores impedían cualquier concesión ante las demandas de los colectivos municipales.
Las cinco secciones sindicales representadas en el Ayuntamiento venían denunciando la degradación de los servicios públicos por la intransigencia del gobierno local y la imposibilidad material de atenderlos por la negativa oficial a analizar la situación y buscar alternativas sin contravenir las disposiciones del Gobierno de la nación.
Precariedad en los servicios
El ejemplo más palmario de la precariedad a que se ha llegado es el de la plantilla de limpiadores de los colegios públicos, cuyos efectivos por causa de la política de recortes han pasado de 650 personas a 425, una reducción del 34,61%. O sea, que para realizar el mismo o incluso más trabajo que antes debido a la incorporación de nuevos alumnos a los colegios al inicio de cada nuevo curso se cuenta con un tercio menos de plantilla.
Se ha llegado a situaciones insostenibles, como la denunciada por los sindicatos de que sólo hay dos limpiadores para centros docentes con 1.200 niños: “Les toca ocuparse de veinte clases, diez cuartos de baño y dos patios por cada uno al día. La suciedad de 600 niños por trabajador. Sólo para colocar los muebles en su sitio tras las clases hablamos de 400 sillas diarias”.
Esta reducción de personal no es privativa de los limpiadores de los colegios, sino también del Cuerpo de Bomberos, con las agravantes de la especial naturaleza de su labor en situaciones críticas que por causa de un incendio ponen en peligro la vida y el patrimonio de las personas y que a estas alturas sigue pendiente de resolver otra fuente de malestar en los especialistas en la extinción del fuego: la reclasificación de la plantilla.
Las escasas bibliotecas municipales han dejado de abrir por las tardes ante la falta de personal para atenderlas. La banda municipal de música, como tal la más antigua de España, no puede ofrecer ningún concierto al faltarle el mínimo de músicos reglamentario para interpretar las composiciones, y sus miembros, por no dejar deslucido el acto del pregón de la Semana Santa, han anunciado que sólo podrán acudir al teatro de la Maestranza a tocar “a título personal”.
Los inspectores de Medio Ambiente y de Consumo y los servicios del Zoosanitario ya no pueden trabajar en horarios vespertinos porque desde la Hacienda municipal se les ha eliminado el plus de dedicación. En todos los puestos del cementerio de San Fernando hay vacantes. Frente a este panorama, con 830 puestos por cubrir en el conjunto de la plantilla municipal, el gobierno de Zoido ha invocado sistemáticamente el argumento del ‘imperativo legal’: nada puede hacerse porque significaría una vulneración de la ley. Y, sin embargo, las centrales sindicales no han dejado de señalarle al Ayuntamiento que casi la mitad de las vacantes, unas 400, son anteriores a la entrada en vigor de las disposiciones del Gobierno central, por lo que no se ven concernidas por la ‘tasa de reposición cero’ y pueden ser cubiertas para aliviar la situación ‘bajo mínimos’ de los servicios públicos.
En pie de guerra
Para contribuir a enrarecer aún más el ambiente, el Ayuntamiento también planteó la supresión de otra paga extra de la plantilla: la de primavera. En su lugar, ha querido implantar un complemento de productividad en función del cumplimiento de los objetivos marcados previamente. A ello se le ha unido un goteo de despidos en empresas como Emvisesa y organismos como el IMD, amén de los permanentes problemas con Mercasevilla a cuenta del cuestionado plan de liberalización por supuestas directrices de la Unión Europea y que niegan tanto la oposición como los sindicatos.
En resumen, como sostenían los sindicatos, todos los servicios municipales, por una causa o por otra, estaban en pie de guerra contra Zoido, y sobre todo tras a entrada del año 2013 las manifestaciones y actos de protesta se han sucedido cada vez con más frecuencia y virulencia, con el efecto añadido de los once días de la huelga del servicio de recogida de basuras de Lipasam.
Se había desembocado en una situación similar a la que sufría en sus peores épocas Monteseirín, pero mientras el alcalde socialista afrontó rebeliones puntuales de un Servicio o una empresa municipales en diferentes periodos de su mandato, Zoido había logrado concitar en contra de su figura la protesta conjunta de prácticamente la mayor parte de la plantilla al mismo tiempo, justo el escenario que en su época en la oposición jamás imaginó que pudiera ocurrir con él en caso de acceder a la Alcaldía.
Desbloqueo
Y, de la noche a la mañana, el ‘imperativo legal’, al que tanto se ha remitido el gobierno local, presidido por un magistrado, se ha deshecho como un azucarillo en un vaso de agua. El Ayuntamiento, que llegó a filtrar a la prensa el dato de las retribuciones de los policías locales a ver si así le daba el mismo resultado que con los sueldos de Lipasam, ha plegado velas y ha firmado una tregua con los cinco sindicatos que de entrada recoge muchas de sus reivindicaciones.
Así, de manera inmediata, se van a contratar 25 limpiadores para reforzar el cuidado de los colegios, y se van a realizar otras contrataciones en el cementerio, el zoosanitario y la banda municipal de música bajo la consideración de ‘servicios esenciales’, figura jurídica que permite obviar el obstáculo de la ‘tasa de reposición cero’. El Consistorio, que había recortado los complementos de dedicación a 2.500 empleados municipales y los horarios especiales de otros colectivos, se ha comprometido a negociar los calendarios laborales y la reclasificación pendiente de la Policía Local y de los bomberos, aunque ello suponga echar mano de los fondos destinados al pago de la productividad.
Ha quedado así de manifiesto que la conflictividad laboral durante todos estos meses, expresada en concentraciones en la Plaza Nueva y en manifestaciones por distintas zonas de la ciudad, no se debía en el fondo al manido ‘imperativo legal’, sino a una falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento para cerrar acuerdos, ya que en cuanto el alcalde dio orden a Asunción Fley de que pactara una solución con los sindicatos, se acabaron los problemas y se alcanzó la tregua en vísperas del Vía Crucis de la Fe y de la maratón del 24 de febrero.
Y lo más sorprendente de todo ha sido la frase con que, sin inmutarse, ha calificado Zoido su actuación y la de su equipo de gobierno. Según el alcalde, han logrado la paz social “sin haber cambiado de estrategia”.
A pesar de que el ‘imperativo legal’ ha saltado hecho añicos por los aires.
