El Equipo de Gobierno (IU) de Conil se acogió a las medidas promovidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el año 2014, aplicando unos coeficientes reductores del 27% de los valores catastrales de los inmuebles de la localidad, suponiendo así, una bajada en los recibos del IBI (antigua contribución).
El Alcalde de Conil, Juan Bermúdez, mostraba su satisfacción por la aprobación de esta medida, ya que ratifica y da valor a las numerosas gestiones realizadas por nuestro Ayuntamiento ante la Gerencia de Cádiz y ante la Dirección General del Catastro de Madrid, que en los años de la burbuja inmobiliaria (2007) proyectaron unos valores desorbitados con subidas periódicas durante 10 años superando con creces los valores reales de mercado y que nos han mantenido “prisionero” durante 5 años con esta sobrevaloración exigida por la ley del Catastro.
Al mismo tiempo valoraba positivamente la repercusión que esta bajada de los valores catastrales de los inmuebles va a suponer, además del IBI, en otros como el Impuesto de la Renta (IRPF), en el de Trasmisiones, Sucesiones y Donaciones y en las becas de los jóvenes conileños y conileñas.
Por otra parte el concejal de Hacienda, Antonio Moreno, indicaba que se decidió acogerse a esta medida legal tras obtener asesoramientos de técnicos municipales, de la propia Gerencia del Catastro, y de reuniones mantenidas con los portavoces de los grupos de la oposición, aunque estos últimos mostraron su indecisión.
La satisfacción dentro del Equipo de Gobierno es generalizada, ya que va a suponer culminar una bajada considerable a todos los contribuyentes por igual para el 2014. Y lo que es más importante, dejando la posibilidad de futuras actualizaciones que permitan volver a bajar los valores de los inmuebles, en contraposición a otras decisiones que podrían calificarse de imprudentes de solicitar nuevas revisiones de carácter general que no garantizan una bajada por encima del 30% y a todos por igual.
Desde otra perspectiva, el alcalde de la ciudad manifestaba, que se hace necesario modificar la normativa en el IBI, cuya competencia es estatal, que permita introducir mecanismos que “realmente hagan más progresivo el impuesto” de manera que se adapte mejor a las circunstancias personales y económicas del contribuyente.
