Un jurado popular ha declarado hoy culpable de asesinato a un joven que mató a un jubilado que lo había acogido en su casa, en un crimen aclarado tres años después mediante el ADN del acusado en el lugar de los hechos, tras lo cual el fiscal ha pedido una condena de 17 años y medio de cárcel.
Según el veredicto leído hoy, el acusado Álvaro L.O., entonces de 24 años, degolló a Juan D.C., de 66, en su vivienda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) "intencionadamente, por sorpresa, evitando que pudiera defenderse" y con el objetivo de robarle.
Tras el veredicto de asesinato, el fiscal ha elevado su anterior petición de 16 años de cárcel a 17 años y medio, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima ha pedido 25 años y la defensa del imputado ha solicitado que la condena quede fijada en el mínimo legal.
El homicidio ocurrió el 18 de octubre de 2008 y Álvaro L.O. no fue detenido hasta octubre de 2011, cuando los laboratorios de la Policía remitieron al juzgado los resultados de ADN de unas gotas de sangre halladas en la casa y la Guardia Civil los cotejó con saliva del imputado.
El acusado y su entonces pareja habían vivido entre diciembre de 2006 y junio de 2007 en la vivienda del jubilado, que los acogió porque ella estaba embarazada y para que no tuviesen que vivir en una casa abandonada "en pésimas condiciones de habitabilidad", según al fiscal.
El jurado ha considerado probado que el acusado "mató intencionadamente" al jubilado con la única intención "de llevarse cuanto encontrase de valor", que resultó ser un horno microondas y un televisor.
Según los miembros del jurado, "es incomprensible" que las heridas en el cuello que presentaba la víctima fuesen fortuitas y que otra persona se pudiese llevar los objetos robados, como sostuvo el acusado.
El jurado se ha declarado opuesto a que se conceda al acusado la suspensión condicional de la pena o el indulto y la Fiscalía, por su parte, ha reclamado que, dado el tipo de delito, Álvaro L.O. no pueda acceder al tercer grado hasta que haya cumplido al menos la mitad de la pena.
En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía ha pedido que el procesado abone 77.542 euros a la esposa del fallecido, de la que estaba separado, y 8.615 euros a cada uno de sus cuatro hijos, mientras que la acusación particular ha situado esa cantidad en una cifra global de 300.000 euros.
